Expresión Libre

La justicia y la convivencia pacífica

En un Estado de Derecho, la convivencia pacífica, se concreta únicamente si el mismo Estado ha conseguido que el justiciable logre el amparo de sus derechos vulnerados o conculcados, mediante un proceso ágil, rápido y justo. Cuando por el contrario la justicia es injusta, inequitativa o parcializada, el justiciable no mira otro camino que la justicia por sus propias manos con lo que se regresa a épocas ya superadas de barbarie e intolerancia. Por ello, estamos de acuerdo con los proyectos de códigos modernos con tendencia oral que además de acercar la justicia al justiciable, reconocen lamentablemente que el Estado ha sido inferior a los compromisos de dispensar una justicia dentro de los causes de un Estado Social de Derecho.

Es importante hacer notar como Amnistía Internacional, en el informe con motivo de la celebración de los sesenta años de la declaración universal de los DD.HH. ha criticado la manera como el Estado Colombiano ha manejado el tema de los desplazados y la persecución que los grupos alzados en armas han ejercido contra la población civil, sin que haya una verdadera legislación que garantice a las víctimas la reparación del daño sufrido, el esclarecimiento de la verdad y con ello la administración de una justa justicia, de lo contrario, y es lo que está sucediendo, aparece de bulto una marcada  intolerancia y un irrespeto por la diferencia.

De otra parte, en algunas ocasiones los gobernantes han entendido que todo aquél que esté en la oposición es su enemigo, despreciándolo y tildándolo de izquierdista y éste sinónimo de comunista, cuando realmente lo que pretende una disidencia, no es otra cosa que manifestar su desacuerdo con las políticas utilizadas por ese gobernante, que en la mayoría de las veces, no sólo irrespeta a las otras dos ramas del poder público, sino que las subyuga,  cuando no las compra con prebendas non santas, desnaturalizando la democracia para convertirla en un estado con tinte monárquico, que había sido superado con la revolución francesa y está nuevamente abriéndose paso con un presidencialismo fuerte.

La labor de los revolucionarios franceses fue muy ardua para hacer notar al gobernante absolutista, que debía despojarse de sus mal entendidos derechos de hacer todo lo que le viniese en gana con la concentración de poder que era connatural a su título, y luego conseguir un futuro distinto para los asociados del Estado, de respeto al ser humano y a su dignidad, vida, honra y bienes.

Amnistía Internacional también ha cuestionado las erráticas políticas de los agentes del Estado, cuando utilizando falsos positivos, consiguen públicamente “éxitos” que posteriormente se convierten en realidades de fracaso frente a los jueces internacionales como la Corte Interamericana de Derechos Humanos de San José de Costa Rica, que al condenar al Estado Colombiano ha resaltado la mala administración de la justicia interna que lo había absuelto o por lo menos condenado parcialmente, cuando de la realidad saltaba a la vista probatoriamente que merecía una sentencia diferente, presentándose una injusticia judicial ya que con ello se disfraza  muchas veces una verdadera pena de muerte, a la que la Constitución Política de Colombia se opone, caso: 19 comerciantes, el Aro, Mapiripán, etcétera.

Colombia en materia de Derechos Humanos no puede parecerse nunca a los  Estado Unidos de Norte América, país éste donde su ex presidente Bush,  haciendo uso de un pragmatismo jurídico exagerado y una doble moral, pretendió ser el mayor policía del mundo, tal como lo afirmase José Cuestas, para enrostrarle a los demás estados el no cumplimiento de los principios y derechos en esta materia, cuando ellos, no sólo desconocían los artículos 8, 9 y 10 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, sino que además aplican la pena de muerte en varios de los estados de la unión, utilizan las torturas para conseguir confesiones y delaciones y tiene a una cárcel inhumana en Guantánamo, Cuba, donde sin formula de juicio encarcelan a personas tildándolas de terroristas internacionales, vulnerando con ello el debido proceso, la igualdad de las personas frente a la ley y el respeto por la dignidad humana.

Tampoco estamos de acuerdo con las medidas últimamente adoptadas por países que se dicen ser del primer mundo o mundo desarrollado, de la Unión Europea, que entienden ser de mejor familia de los que fueran sus colonias, y buscan a toda costa que estos desarrapados, marginados y señalados individuos de color no ingresen a los estados de la unión, presentándose una verdadera discriminación racial, la que entendíamos estaba superada ya hacía varios años, originando con ello incertidumbre e insolidaridad que desarrolla en la sociedad inequidad e injusticia y por lo tanto conflicto.

Por fortuna en nuestro medio, si un grupo de ciudadanos del común son marginados por el propio Estado o incluso por grupos subversivos a los que el Estado no ha controlado y además han sido perjudicados en su vida honra y bines, es decir, se les ha causado un daño, sin duda alguna nacerá la posibilidad de iniciar una acción indemnizatoria tendiente a que el juez condene al demandado Estado por cuanto que al vulnerar el principio de convivencia pacífica se ha vulnerado a vez la paz social, originado una situación de conflicto y ocasionado un daño muchas veces reparable con dinero, pero irreparable emocional o afectivamente ya que esto no tiene precio alguno.

 

 

 


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