Expresión Libre

Autocracia y poder en Colombia

Por: Elías Castro Blanco
Director Centro de Investigaciones

La autocracia básicamente se caracteriza por fusionar en una misma totalidad, gobierno y partido político, del mismo modo que se exalta la figura de un caudillo, que goza de poderes jerarquizados sin limitación alguna. Los estados autocráticos se caracterizan por el uso extensivo de la propaganda y el control social, apoyándose para estos propósitos en los organismos de seguridad del Estado.
La  democracia suele definirse mediante una relación opuesta a la idea de autocracia. Si bien la democracia pone el acento en la participación de la comunidad en lo concerniente a la toma de decisiones que corresponden al ámbito de lo público, la autocracia se caracteriza “por un conjunto de reglas (primarias o fundamentales) que establecen quién  está autorizado para tomar las decisiones colectivas y bajo qué procedimientos” (BOBBIO, Norberto. El futuro de la democracia. p. 24.) El concepto moderno de democracia como representación, se construye de manera distinta a la versión griega, para quienes el ejercicio de la vida pública se expresaba en la polis, a diferencia de los modernos donde se incorporan conceptos como el disfrute de las libertades individuales, una sociedad plural que admite el disenso, así como la idea de un poder público que es visible a los ojos de los gobernados. Nada más opuesto a la idea de democracia que el poder invisible, el que a su vez, vigila sin ser visto. La distinción clásica heredada del derecho romano entre ius publicum y ius privatum, refleja esta dualidad, pues mientras el primero hace énfasis en la manifestación pública de la actividad política en el ámbito estatal, el segundo se vale de secretas maquinaciones para debilitar o aniquilar a sus adversarios.
A lo largo de sus dos mandatos (2002-2010) el gobierno del presidente Uribe ha sido deslegitimado por las interceptaciones telefónicas del Departamento Administrativo de Seguridad (DAS) que ha emprendido contra funcionarios del Estado, incluyendo miembros de las Altas Cortes, militantes de izquierda y comunicadores sociales, entre otros. En esta medida, la autocracia y el arcana imperii como los define Clapmar, en su obra De arcanis rerum, publicarum de 1605. De la manera siguiente: “Intimae et occultae rationes sive concilia forum qui in republica principatum obtinent”, conforman una pareja indisociable, pues mientras la primera, refuerza el poder de dominancia en la toma de decisiones (como la negativa a establecer acuerdos humanitarios con grupos armados al margen de la ley), el segundo, centra sus argumentos en la necesidad de la toma de decisiones de manera inconsulta frente a  los ciudadanos; es quizá lo más cercano a lo que se conoce como razón de Estado o autoritarismo. 
De manera análoga, Foucault establece un símil entre un Estado autocrático y el panóptico, como concepto arquitectónico de modelo de prisión ideado por Bentham,  al sostener que este diseño permite al observador, ubicado en el anillo periférico, vigilar las actividades y los movimientos de los internos sin ser visto. En síntesis, la metáfora aludida permite comprender que el lugar ocupado por el vigía,  de igual manera puede ser remplazada por el soberano o presidente que ejerce un poder incuestionable frente a sus gobernados. 
 
Legalidad y legitimidad en el proceso de reelección presidencial
Legalidad es el conjunto de normas de distinto rango que conforman el Derecho positivo, a diferencia de la legitimidad, ligada al cumplimiento de procedimientos, valores o criterios éticos que fundamentan y justifican los actos de emisión de las normas jurídicas. La legalidad está relacionada con  la autoridad para emitir normas, a diferencia de la legitimidad que reclama el derecho a emitir normas, constituido mediante un procedimiento que satisface exigencias ético-políticas. Una institución cualquiera u organismo puede ser considerado ilegítimo, si las normas entran a lesionar intereses de terceras personas; en este sentido las normas pueden ser consideradas injustas, y no obligan a los ciudadanos a cumplirlas, como lo expresa el Magistrado Jaime Araújo Rentería en su salvamento de voto al Auto 156 de 2008 donde señala que se debió declarar la nulidad del Acto Legislativo que aprobó la reelección, así como la sentencia de la Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia C-1040 de 2005 que lo declaró Constitucional.
Frente a estos argumentos, se deriva entonces la necesidad de declarar la nulidad tanto de la Sentencia C-1040 de 2005, así como el Acto Legislativo que legitimó la reelección, por encontrarse en estas decisiones vicios de inconstitucionalidad, ilegalidad y justificar la idea de que los actos delictivos son fuentes de Derecho. Finalmente, señala el Magistrado, “…los ciudadanos no estamos obligados a obedecer a un Gobierno que fue elegido gracias a un DELITO, violando las reglas básicas del juego de la Democracia y el Estado Constitucional de Derecho” .


Copyright © 2015 Expresión Libre. Todos los derechos reservados.
Joomla! es software libre, liberado bajo la GNU General Public License.