La Corte Constitucional mediante nota 01 y comunicado 04 de prensa de 16 de febrero de 2023, dispuso que las funciones jurisdiccionales asignadas a la Procuraduría General de la Nación son contrarias a la Constitución. La determinación final de las sanciones de destitución, suspensión e inhabilidad a funcionarios de elección popular corresponderá al juez contencioso administrativo, después de agotarse el procedimiento a cargo de la Procuraduría. Se exhorta al Congreso para la adopción de un estatuto de los servidores de elección popular, incluido un régimen disciplinario especial.
Para el Observatorio de Intervención Ciudadana Constitucional, colectivo que presentó concepto - intervención ciudadana - en este asunto, el fallo de la Corte Constitucional tiene aspectos importantes en materia de garantía de derechos políticos, así como de acceso efectivo a la justicia e imparcialidad. Empero, no logra con su decisión armonizar el ordenamiento jurídico colombiano con las obligaciones internacionales que adquirió el Estado, particularmente, con el Sistema Interamericano de Derechos Humanos.
Si bien es cierto retira la función jurisdiccional a la Procuraduría General de la Nación, conserva su función disciplinaria sobre funcionarios de elección popular, con control de legalidad posterior del juez administrativo, desconociendo una vez más, lo dispuesto por la Corte interamericana de Derechos Humanos. Se esperaba una decisión más garantista y respetuosa de las normas internacionales por parte de la Corte Constitucional. La Corte se quedó corta.
