El director del Observatorio de Intervención Ciudadana Constitucional de la Universidad Libre, Kenneth Burbano Villamarin, ha manifestado en diferentes medios de comunicación la preocupación de los miembros del Observatorio por los graves hechos que vienen ocurriendo en varias universidades, respecto a la confusión entre protesta y actos criminales; preservación del orden y de la tranquilidad, y el uso excesivo de la fuerza; o la contraposición entre permitir el ingreso de la Policía a las universidades para contrarrestar la violencia y la autonomía universitaria.
Protesta, universidad y fuerza de Policía - El Espectador Colombia 2020
No es lo mismo el ejercicio de derechos constitucionales que la transgresión de la ley, por ello, no se puede identificar protesta y marchas con alteración del orden público; la comisión de delitos o la utilización de métodos o procedimientos violentos, que son la excepción, no pueden afectar a toda la protesta social, ni conducirla a que se criminalice, o sujetarla a tantos requisitos o condiciones que haga imposible su realización. El Congreso tiene una deuda con la ciudadanía, al no haber hecho la ley estatutaria a 20 de junio de 2019, conforme lo dispuso la Corte Constitucional.
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Las universidades son centros de educación y no campos de batalla, permitir que ante cualquier alteración de la movilidad o confrontación con la Policía se habilite su entrada es sumamente peligroso e inconveniente; se incrementarían al interior de los campus los enfrentamientos, los daños y destrozos, las capturas arbitrarias y el desconocimiento del debido proceso. Hay suficientes casos en varios países, incluido Colombia que así lo corroboran, donde la persecución y la amenaza a estudiantes, así como la tortura y la desaparición hacen parte de la realidad.
La protesta social debe ser pacífica y quienes cometan delitos que respondan penalmente por sus conductas; el uso de la fuerza por parte de la Policía debe ser proporcionado; las universidades están bajo la salvaguarda constitucional de la autonomía universitaria. Criminalizar la protesta social es un atentado contra la democracia y el Estado social de derecho.
Fotografía: Cristian Garavito. El Espectador. 27-9-2019.