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EL SILENCIO DE LOS FUSILES DURÓ POCO.

EL COLOMBIANO

ANÁLISIS
MÁS COMBATES NO IMPLICA SEGURIDAD NI RESPETO AL DIH
KENNETH BURBANO V.
Director Observatorio Constitucional Universidad Libre


Combatir a las organizaciones criminales o a grupos armados organizados de particulares al margen de la ley no es algo encomiable, es una obligación constitucional a cargo de las autoridades proteger a todas las personas residentes en Colombia en su vida, honra, bienes y demás derechos. El aumento significativo de los combates de la Fuerza Pública contra grupos armados, para el primer semestre de 2019, como lo revelan algunos análisis y cifras del Ministerio de Defensa, implica al menos dos situaciones: la primera, que se está tratando de tomar el control de ciertas zonas donde tenía presencia las Farc y de otros territorios olvidados, hoy en manos de actores ilegales; pero la llegada únicamente de las tropas no significa la atención institucional del Estado, los graves problemas sociales y económicos que padecen las comunidades requieren otras acciones. La segunda, bajo el Derecho Internacional Humanitario, hay más preocupación que tranquilidad al coincidir las operaciones armadas con las directrices que a principio de año dio la comandancia del Ejército dirigidas a aumentar el número de ataques, capturas, rendiciones y muertes en combate; esas órdenes de letalidad pueden conducir a ejecuciones extrajudiciales, a alianzas con grupos paramilitares, tras la búsqueda de resultados en operaciones militares, episodio de terror que ya vivió el país. El aumento de los combates no genera sensación de seguridad para la población, por ej., en zonas como el Catatumbo la zozobra de la población se ha incrementado, o en lugares como el Cauca, donde las muertes de dirigentes comunitarios continúan. Finalmente, las cifras sobre disminución de víctimas de desplazamiento forzado y de minas antipersonal, posiblemente obedece al Acuerdo Final de Paz, el cual atraviesa por un momento crítico dado su lento proceso de implementación.

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