La Corte Constitucional y su compromiso con el país
Con ocasión de las recientes denuncias sobre el presunto comportamiento indebido de un magistrado de la Corte Constitucional, que no solo mina la confianza ciudadana, su legitimidad y prestigio, sino el aparato judicial en su conjunto, la Universidad Libre expresa a la opinión pública.
La Corte Constitucional y su compromiso con el país
Nicolás Enrique Zuleta Hincapié
Rector Nacional
El comportamiento social de los seres humanos debe estar orientado por la recta razón y su voluntad inquebrantable de actuar pensando en el bien común. En las primeras etapas de la formación del pensamiento filosófico, la ética Aristotélica, ya había ocupado la construcción de un sistema de valores en el bien común como principio organizador de las relaciones entre los sujetos, y la búsqueda del equilibrio, el justo medio entre el exceso y el defecto para alcanzar la virtud en las acciones como fruto de la elección libre y autónoma a la que se obliga el sujeto.
Siglos más tarde, en la ética Kantiana, esos postulados se representan en la ética de la buena voluntad a la que el sujeto se obliga como principio y sustento de sus acciones. La voluntad del sujeto es un deber, un imperativo que lo obliga en pleno ejercicio de su liberalidad. Su responsabilidad surge de manera autónoma con base en su voluntad racional. En este orden de ideas, la Universidad Libre, desde su alba, viene cimentando en su comunidad académica principios democráticos que redundan en la ética profesional como aporte al país.
Teniendo en cuenta esos presupuestos, con ocasión de las recientes denuncias sobre el presunto comportamiento indebido de un magistrado de la Corte Constitucional, que no solo mina la confianza ciudadana, su legitimidad y prestigio, sino el aparato judicial en su conjunto, la Universidad Libre expresa a la opinión pública que:
1. La Corte Constitucional, desde su institucionalidad, ha sido la garante del Estado social de derecho, protectora de los derechos fundamentales y de los sectores más vulnerables.
2. La Universidad Libre, conforme a sus principios fundacionales y misionales, condena todas las formas de corrupción en la administración de justicia, las acciones u omisiones que propicien o faciliten la deshonestidad y aquellas que agravien la credibilidad e independencia de los jueces.
3. En situaciones de grave dificultad como las que hoy vive el país, hay que preservar la institucionalidad y actuar con sabia serenidad para que los procedimientos de reforma constitucional o legal no sean meras fórmulas para superar una crisis, sino un desafío conducente a fortalecer a la corporación de justicia que desde su creación ha gozado del mayor respeto y credibilidad entre los ciudadanos.
4. El prestigio y reconocimiento de la Corte Constitucional se ha logrado con el trabajo honrado, juicioso, abnegado de magistrados, funcionarios judiciales y administrativos, que han hecho tangible el Estado Social de Derecho, reales los derechos fundamentales y exaltado en su dignidad a los sectores vulnerables.
5. Quien ha cometido errores o posibles delitos debe asumir su responsabilidad de manera individual, más aún si se trata de magistrados o altos dignatarios, eso sí presumiendo su inocencia, dotándolos de las garantías propias del debido proceso y dentro de éste especialmente del derecho de defensa. Las investigaciones deben realizarse con equidad, sin apasionamientos, abandonando miramientos políticos o presiones mediáticas; hay que actuar con contundencia en la búsqueda de la verdad, persiguiendo y castigando severamente el delito y la corrupción.
6. La legítima indignación de los ciudadanos debe estar sopesada en la balanza de la justicia con los grandes aportes que para los derechos humanos y la juridicidad del país ha gestado la Corte Constitucional. Numerosas e innovadoras sentencias que afianzan el moderno derecho constitucional, donde la libertad, la igualdad y la dignidad humanas dejan de ser un mero enunciado retórico; controles de constitucionalidad que refuerzan el apego a la supremacía e integridad de la Constitución; todo lo anterior debe serenar los ánimos guiando la voluntad hacia la salvaguardia de la Corte Constitucional, aunada al agradecimiento y gratitud con los gestores de esta egregia obra, que bien vale exaltar en momentos de desasosiego.
7. La salida a la crisis del sistema judicial colombiano no es ajena a la sociedad en su conjunto, mucho menos a la academia. Es un momento oportuno para acudir a los valores y principios constitucionales, desarrollados por la propia Corte Constitucional, pues la constitucionalización de derecho nacional no sería la misma sin los enormes aportes de la Corte en favor de la precaria democracia colombiana y la realización de los derechos humanos en nuestro país.
8. Sus providencias le han merecido un justo reconocimiento, no solo interno, sino a nivel internacional, al lado de tribunales como el Tribunal Supremo de la India y el Tribunal Constitucional Sudafricano, expresiones destacables del constitucionalismo contemporáneo. No de otra manera se explica que la jurisprudencia de la Corte sea citada permanentemente por académicos e instituciones jurídicas de todo el mundo.
9. Que la crisis sea para fortalecer nuestro muy querido tribunal constitucional, porque no conviene al país desconocer la trascendencia jurídico-social de sus sentencias que a lo largo de su existencia han enriquecido nuestra jurisprudencia y han sido ejemplo universal.
10. Ciertamente, con sus sabios y adustos fallos, se ha protegido el Estado Social de Derecho, la dignidad humana, la autonomía personal, el bloque de constitucionalidad, trabajadoras sexuales, el estado de cosas inconstitucional (desplazados), dosis personal, eutanasia, matrimonio igualitario, derechos de las minorías, los pueblos indígenas, igualdad de género, y qué no decir en materia de salud, o educación, aborto, derechos de los animales.
Pero, por sobre todo, nos mueve resaltar, que el derecho cumple una sagrada misión por acendrar los valores sociales, porque la juridicidad se erige en su protectora, y por eso nos parece un desafío inadmisible que en procura de defender oscuros intereses y censurables conductas individuales, se quiera separar el derecho de la ética. Para la Universidad Libre, plantear el derecho sin la ética, es el peor atentado que puede concebirse a su institucionalidad, porque la ética de una sociedad, se refleja precisamente en sus valores y principios constitucionales, que tiene que salvaguardar forzosamente su sistema jurídico.
