504 contadores públicos han sido sancionados por casos de corrupción, revela informe
- Las sanciones disciplinarias más comunes son la suspensión del ejercicio profesional por tres meses a un año (90%); amonestaciones (6%); cancelación de la matrícula por faltas reincidentes (3%) y multas económicas (1%).
- Solo en 2017, la Junta Central de Contadores (JCC) investigó cerca de 1.200 expedientes de contadores y revisores fiscales por malas prácticas.
Universidad Libre, 1 de marzo de 2018. Un reciente informe de la Universidad Libre, revela que la raíz de la corrupción que ha salpicado la credibilidad y transparencia de algunos contadores públicos y revisores fiscales en el país, se debe, en parte, a la interpretación que estos profesionales hacen de las normas tributarias complejas, según su conveniencia e intereses, aprovechándose de su desconocimiento para hacerle ‘conejo’ a la ley.
Pese a que el informe advierte que no se debe estigmatizar la profesión, pues las investigaciones y sanciones son pocas frente a la cantidad de contadores que hay actualmente en el país (aproximadamente 235.000 titulados y activos), evidencia que los malos manejos son cada vez más recurrentes.
Una de las prácticas más comunes es la elusión tributaria. “Por ejemplo, no consignar en el sistema financiero los recursos empresariales para evitar el pago del 4 por mil; o no facturar todas las ventas de una empresa para pagar la mínima parte de este gravamen”, dijo Sara Avellaneda, profesora del programa de Contaduría Pública de la Universidad Libre.
Avellaneda, reconoce que un foco importante de corrupción también se ha dado por la entrada en vigencia de las normas contables internacionales, ya que éstas han permitido que se malinterpreten conceptos como “valor razonable”, lo que le ha facilitado a los empresarios con la complacencia de algunos contadores hacer valoraciones equivocadas de los bienes patrimoniales, con el fin de obtener beneficios fraudulentos.
“Otra práctica, que al parecer se volvió paisaje en la profesión, es valerse del secreto profesional, del que hace referencia la Ley 43 de 1990, para ocultar información en casos evidentes de malos manejos de recursos”, señaló Avellaneda.
Algunos contadores públicos o revisores fiscales –agrega Avellaneda– “por cuidar su puesto, conseguir indulgencias o ganarse unos pesos de más, suelen pasan por alto dinero ilegal, lavado de activos, legalización de fortunas mal habidas, la triangulación empresarial y estados financieros maquillados, entre otros malos manejos”.
El informe señala que los casos más renombrados que han afectado la transparencia de algunos contadores públicos y revisores fiscales en el país, han sido los relacionados con la Dian, por los desfalcos que se realizaron a través de supuestas devoluciones de impuestos a operaciones de comercio internacional ficticias; la quiebra del Grupo Interbolsa; SaludCoop; y El Carrusel de la Contratación, sin mencionar los escándalos de organizaciones internacionales.
“Estos eventos, en su mayoría, se presentaron por manejo inadecuado o manipulación de capitales y patrimonios ajenos, para beneficiar a los socios de los anteriores grupos empresariales. Y aunque los contadores no hayan hecho directamente las transacciones fraudulentas, si lo permitieron guardando silencio y adoptando conductas contrarias a las normas éticas de la profesión”, señaló la experta.
Por estos casos, la Junta Central de Contadores (JCC) ha sancionado a más de 500 contadores y revisores fiscales. Solo en 2017, señalan documentos de la JCC consultados en el estudio, se investigaron cerca de 1.200 expedientes.
Sin embargo, denuncia Avellaneda, las sanciones a estos profesionales siguen siendo muy superficiales si se compara con el impacto de sus malas acciones. Según la Junta, a un contador o revisor fiscal máximo le pueden imponer una multa de $12 millones o cancelarle de manera definitiva la tarjeta profesional.
En cifras, el estudio indica que en los últimos 5 años se han sancionado a 504 Contadores Públicos de 235.216 que hay actualmente vigentes en todo el país.
Las sanciones más comunes son la suspensión del ejercicio profesional por periodos entre tres y doce meses, equivalente al 90% de los casos; las amonestaciones o llamados de atención (6%); la cancelación de la matrícula profesional por faltas reincidentes (3%) y las multas económicas (1%).
¿Cómo enfrentar la corrupción desde la academia?
Una reciente investigación de la Universidad Libre permitió desarrollar un modelo procedimental con el objetivo de evaluar en valores y en ética a los futuros contadores públicos del país.
En la aplicación de este diseño, han participado cerca de 1.260 jóvenes de diferentes universidades de Bogotá y, según Avellaneda, en dos semanas se iniciará el proceso de validación del modelo para conocer su impacto en esta comunidad universitaria.
“En una prueba piloto que hicimos con cerca de 100 estudiantes de contaduría, alumnos de octavo a decimo semestre, notamos con preocupación que el 64% de los encuestados reconoció que durante la carrera no se sentía evaluado en valores ni en ética”, dijo.
Esta herramienta académica se basará en el estudio de casos. “Pues son en estos escenarios donde se podrá detectar si los estudiantes están resolviendo de forma adecuada las situaciones de riesgo en las que van a estar expuestos durante su ejercicio profesional”, agregó.
Razones por las cuales se retira la tarjeta profesional a un contador
- Por cometer delitos contra la fe pública, (principal responsabilidad de estos profesionales con el Estado y la sociedad).
- Por cometer delitos contra la propiedad, la economía Nacional o la administración de la justicia, por razón del ejercicio de la profesión.
- Por presentar documentos falsos para acceder a la inscripción en la Junta Central de Contadores (JCC).
- Por reincidir en faltas de ética y malos manejos, entre otras.
