Esa puerta que permita una solución dialogada con organizaciones al margen de la ley nunca debe cerrarse. Columna Kenneth Burbano, decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Libre, Seccional Bogotá.
Tomado de El Espectador Colombia+20. Columna. Tres de mayo de 2025.
El conflicto armado y las diferentes formas de violencia acompaña la vida de los colombianos hace décadas, dejando a su paso una huella de muerte y dolor que pervive con desesperanza e indefensión. Las causas de esta prolongada crisis humanitaria se le atribuye especialmente al abandono, la indiferencia o la incapacidad de los gobiernos de turno. Lo cierto es que, ante el anhelo y la necesidad ciudadana de abordar y superar esta tragedia, los candidatos presidenciales dirigen sus promesas hacia este cometido, aunque con enfoques y prioridades diferentes.
El programa de gobierno del candidato y hoy presidente de la República Gustavo Petro, contiene varias propuestas para la paz en nuestro país, encaminadas a cumplir los acuerdos con las FARC y retomar las negociaciones con el ELN para terminar la existencia de la insurgencia armada en Colombia, a partir del diálogo político. El programa da cuenta de la implementación de un proceso pacífico, que conduzca al desmantelamiento del crimen organizado mediante el diálogo y el sometimiento a la justicia de los grupos multicrimen y las organizaciones ligadas al narcotráfico. Se propuso un cambio de paradigma en la lucha contra las economías ilegales y la reparación efectiva e integral de las víctimas.
Por el anterior programa los colombianos votaron mayoritariamente y el manejo que el gobierno le ha dado resulta consecuente, prueba de ello es la Ley 2272 de 2022 declarada exequible por la Corte Constitucional y la realización de varios ciclos de diálogos con el ELN; pues una cosa es actuar en forma inconsecuente o lejana al programa de gobierno y otra distinta, que los grupos al margen de la ley incumplan lo acordado, traicionen la confianza de las comunidades y de las autoridades, persistiendo en la comisión de infracciones al Derecho Internacional Humanitario.
Las voces sobre el fracaso de la política de paz total del actual gobierno son desalentadoras y crece el descontento mediado por una realidad inocultable de graves violaciones a los Derechos Humanos. Sin embargo, claudicar en la búsqueda de la paz mediante procesos de negociación es contrario a los principios, deberes y obligaciones constitucionales, esto no ayuda a superar la grave crisis humanitaria que vive el país; es el momento de exigir y apoyar al gobierno para que los procesos de diálogo y acercamiento que aún se conserva avancen con seriedad y objetividad.
Seguramente la experiencia demuestra que las agendas y la metodología necesita replantearse, que el cese al fuego requiere una verificación rigurosa que no permita el fortalecimiento de las organizaciones armadas ilegales y su dominación territorial, haciendo nugatorio el control por parte de las autoridades. Suspender los diálogos y reactivar las operaciones militares en cumplimiento de los deberes constitucionales va más allá del despliegue de tropas, implica amparar la vida y la integridad de las personas, así como una protección económica y social, especialmente para los sectores de la población sometidos a la indefensión por la acción de los violentos y la desidia de los gobiernos.
Hay avances muy importantes desde lo regional, por ejemplo, el Proceso de Paz Territorial en Nariño, que condujo a la firma de dos acuerdos con una amplia participación de la comunidad entre el gobierno Nacional y el Frente Comuneros del Sur disidente del Ejército de Liberación Nacional (ELN). No obstante, si lo político avanza en este y otros procesos que ojalá concluyan exitosamente, hay algunas preocupaciones: ¿Cuál es el marco jurídico que se va a aplicar a quienes dejen las armas? En el Congreso de la República no hay avances en esta materia, sigue gravitando la inconveniente y peligrosa propuesta del presidente Petro de crear una sola Corte de cierre y una ley de punto final.
Otra preocupación es la extradición. Recientemente la Corte Suprema de Justicia emitió concepto favorable sobre la extradición de Gabriel Yepes, alias HH, comandante del Frente Comuneros del Sur. La decisión final la tiene el presidente, dentro de sus atribuciones está dirigir las relaciones internacionales; el gobierno debe hacer una valoración con carácter de primacía acorde con la conveniencia nacional, para evitar como ha ocurrido en otras oportunidades, que se conceda la extradición burlando y afectando gravemente a las víctimas, impidiendo la verdad y la reparación.
Esa puerta que permita construir una solución dialogada con todas las organizaciones al margen de la ley nunca debe cerrarse, es lo más idóneo para la protección de los derechos fundamentales y el fortalecimiento de la democracia. La búsqueda de la paz para lograr la reconciliación en cualquier Estado resulta primordial para la vida de las personas y la recomposición de la sociedad.
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