Observatorio de Paz de la Universidad Libre - Bogotá

Por: Natali Niño Patiño

Link:  https://revistas.unab.edu.co/index.php/sociojuridico/article/view/3741/3159

Por: Juan Carlos García Lozano

Intervención: Natali Niño Patiño, Profesora del Observatorio de Paz

Natali Niño Patiño, investigadora  del Observatorio de Paz, participó como ponente en la Universidad de Autónoma de Yucatán, en la ciudad de Merida – México, en el Congreso Género: Reflexiones y Perspectivas, con la conferencia «El Lugar de la Universidad desde el discurso jurídico: elementos para crear ambientes de Paz con enfoque de Género».

Intervención:Natali Niño Patiño, Profesora del Observatorio de Paz

Natali Niño Patiño, investigadora  del Observatorio de Paz, participó en el Diplomado de Justicia Transicional realizado en la Universidad Libre. La profesora habló de la obligación -que tienen los diferentes entes estatales, que toman decisiones en el marco del conflicto armado interno, tales como entes administrativos y jueces- de aplicar el enfoque de género como una metodología en la toma de decisión judicial. El enfoque de género entonces se presenta como una forma de superar los altos indices de impunidad que existe frente a la violencia sexual y de superar las condiciones de desigualdad en la que personas se han encontrado sistemáticamente discriminadas. 

Intervención:Natali Niño Patiño, Profesora del Observatorio de Paz

Natali Niño Patiño, profesora del Observatorio de Paz, participó el miércoles 27 de septiembre de 2017 como ponente en el curso de actualización que realiza la Universidad Cooperativa de Colombia con la ponencia: Reincorporación en Colombia: un análisis del discurso desde la jurisprudencia de la Corte Constitucional: la profesora señaló: «Lo que me interesa desde el Observatorio es revisar cómo se están implementado el Acuerdos de Paz en Colombia y cuáles son han sido los impactos políticos, jurídicos, sociales que ello ha tenido.» Su intervención se basó en los fundamentos de la reincorporación en Colombia, partiendo de tres presupuestos: sociales, económicos y políticos. Esto implica entender varios aspectos, entre ellos que la violencia no solamente es directa, también es estructural y cultural, lo cual implica retos para la erradicación de los odios y la posibilidad de la reconciliación, encontrando en el otro aquel que pide la palabra y nos cuenta sobre las formas de por qué se desarrolló el conflicto.

Por: Jorge Gaviria Liévano

Ha llamado la atención un artículo de Humberto De la Calle, el ex Jefe del equipo del Gobierno que negoció los Acuerdos de Paz, firmados con la antigua guerrilla de las FARC en La Habana, publicado por el diario El Espectador el domingo 9 de octubre, y que se tituló Señor Presidente.

Le dice De la Calle en su análisis a Iván Duque que: “Usted puede alegar que ha recibido un mandato para modificar el Acuerdo. Hasta ahora reconozco que, fuera de las voces lunáticas de su Partido, su lenguaje ha sido moderado. Al parecer se aleja usted de la idea de volver trizas lo negociado. Pero, a mi juicio, lo que corresponde es entrar a discutir sus modificaciones con la guerrilla ahora sin armas y convertida en partido Político. No es un privilegio de la antigua FARC, sino un deber frente a una nueva colectividad que ha firmado un pacto. Más allá de su valor jurídico, el Estado no puede simplemente darle la espalda. Discutir con la antigua guerrilla sus aspiraciones de modificación es un paso que todos los colombianos debemos aceptar y propiciar”.

De nuestra parte, habíamos entendido que después de largos y ponderados debates en la Corte Constitucional, que tuvieron lugar hace más de un año, ese alto tribunal consideró unánimemente que los tres Gobiernos que tengan a su cargo la dirección del país, entre el año 2018 y el 2030, tendrán que respetar la intangibilidad de lo convenido y que esos acuerdos para poner fin al conflicto armado deberán ser cumplidos como el desarrollo de una política de Estado.

No es, pues, apenas la política de un pasajero Gobierno. “La Corte determinó que la incorporación del Acuerdo al ordenamiento jurídico exige su implementación normativa por los órganos competentes y de conformidad con los procedimientos previstos en la Constitución”. Es eso lo que sintetizó el comunicado de prensa divulgado por esos días, el cual nos ha infundido siempre una buena dosis de tranquilidad y optimismo.

Lo que entonces se buscó como garantía para la creciente construcción de una paz estable y perdurable, es que sin importar la ideología del Presidente de turno o la del equipo de su Gobierno, el Estado colombiano debe respetar y dinamizar los acuerdos suscritos y fortalecer las instituciones que para la consolidación de la paz se derivaron de la suscripción de los instrumentos jurídicos que la pactaron. También en eso la comunidad internacional, garante convencida de nuestro proceso de paz, permanece por fortuna atenta y vigilante a todas horas.

Por ello no es estimulante el pensamiento ahora esbozado por el antiguo negociador De la Calle cuando le dice al señor Presidente en su comentada columna que “tenemos que reconocer que su triunfo electoral le daría solidez al deseo de examinar con la antigua guerrilla, no a espaldas de ella, las ideas de su Gobierno, así como también los reclamos, muchos de ellos legítimos, de los excombatientes que siguen manifestando su compromiso con la paz”.

No ha precisado bien Iván Duque ante el país cuáles son específicamente las modificaciones que él o algunos de sus parciales quieren introducirle a los acuerdos; pero sin duda preocupa que se abra la puerta para cambiarlos en su esencia o más aún para renegociarlos con el nuevo Gobierno, ahora por un Partido político que no fue tampoco el que los suscribió, el de la FARC, como lo sugiere De la Calle, simplemente con el argumento de reconocer la muy alta votación registrada a favor del actual Presidente en las últimas elecciones.

No parece ser ese el mejor camino para defender la solidez del proceso pactado. Y preocupa que se esté empujando ahora con fuerza esa puerta que creíamos jurídicamente tan bien ajustada por la sesuda determinación de la Corte Constitucional en su momento.

Que este Gobierno, o cualquiera de los otros dos que lo sucedan, quiera alterar la esencia de lo convenido, es algo que atenta claramente contra el blindaje jurídico  con el que quiso rodearlo en buena hora nuestra Corte Constitucional. Si ello ocurre, se le estará franqueando fatalmente la entrada a la malhadada idea de hacer trizas los acuerdos.

La comprensible angustia del antiguo negociador por salvar la integridad fundamental de lo pactado no autoriza a tomar atajos que encierran tan grande zozobra por los profundos abismos en los que puede precipitarse el desprevenido o ingenuo caminante. De la integridad del férreo caparazón constitucional depende en gran medida la estabilidad y el futuro  de una paz tan difícilmente alcanzada.

Por lo tanto, no deberían aventurarse opiniones demasiado condescendientes o en todo caso ocurrencias tan abiertamente desconcertantes como las que parecen estar inspirando ahora al respetable Doctor De la Calle. Millones de colombianos apoyamos  resueltamente con nuestros votos depositados en distintos momentos las diferentes facetas de ese proceso de paz.

No entendemos cabalmente esa suerte de invitación o de tácita aceptación de ahora para que se modifique lo que el mismo ex negociador considera aún como el mejor acuerdo posible. Y muchos de los que habitualmente observamos los temas relacionados con la paz no hemos desfallecido en nuestra convicción y en nuestro decidido respaldo a lo que entonces acordó un Gobierno y se convirtió a la postre en verdadera política de todo un Estado.

Menos aún hemos renunciado a nuestra fundada esperanza en una paz creciente y estable para las actuales y las futuras generaciones en armonía con lo dispuesto en el artículo 22 de la Carta Política, en el sentido de que la paz es un derecho y un deber de obligatorio cumplimiento. A desarrollar ese mandato debe dedicarse invariablemente cada ciudadano y cada Gobierno.  

 *Director del Observatorio de Paz de la Universidad Libre

Por: Jorge Gaviria Liévano

Las recientes manifestaciones de Guillermo Botero, actual Ministro de Defensa, en el sentido de que la protesta social es de alguna manera expresión de mafias que la instigan y financian, preocupa por varias razones.

No parece ser, o eso esperamos, la posición oficial de la administración a la que pertenece; se pensaría más bien que refleja la tremenda descoordinación interna que ha demostrado el nuevo Gobierno en estos primeros dos meses, que obliga al Presidente Duque a rectificar o matizar diversas manifestaciones públicas de Ministros o Embajadores deslenguados que no parecen haber sintonizado sus dichos e iniciativas con los de su Jefe.

La tarea del mandatario no puede seguir siendo la de un angustiado bombero sino la de un responsable Jefe de Estado, con mínimo espejo retrovisor y escrutadora mirada al presente y al porvenir.

Y el incendio que con frecuencia provoca el Ministro Botero es de los que pueden producir enormes estragos. Desconoce el avance constitucional en una larga y procelosa lucha que finalmente logró superar la Constitución de 1886 de Núñez y Caro para expedir la de 1991 que nos rige para fortuna ciudadana y conocimiento de todos, salvo de este señor que parece tener su visión nublada que lo lleva a emitir opiniones generalmente anacrónicas o guerreristas.

De ese corte fue, por ejemplo, la reciente afirmación de exigirle con irreverencia a unas respetables fuerzas armadas perentorios resultados en una combatividad que las conmina a rescatar en pleno posconflicto o posacuerdo, como el que la nación ha tratado de construir con tanto esfuerzo. Ellas deben sentir una peor congoja que la que nos abruma a muchos, porque esos nuevos llamados a la barbaridad que hace unos años escuchamos en el marco de la denominada seguridad democrática reviven en la memoria nacional el espeluznante episodio de los falsos positivos en que miles de jóvenes inocentes perdieron la vida para satisfacer la misma impositiva demanda que les hiciera el Gobierno de esa época.

Pero acontece que la protesta social pacífica no solo es un derecho fundamental, consagrado en el artículo 37 de nuestra Constitución,  de la mayor importancia para la vida democrática, sino que es un instrumento que traduce en la práctica la posibilidad de todo ciudadano en ejercicio de su libertad individual, de reunirse pública y pacíficamente para ejercer su  legítimo derecho a protestar. Que en una sana democracia no es apenas un derecho sino sobre todo un deber. Solo la ley, y de manera previa y expresa, podrá definir en qué casos se limita su ejercicio.

En el marco de 1886, en profundo contraste con el actual, solo se reconocía a los ciudadanos el derecho de reunirse pero daba a la autoridad, no a la ley, la facultad de disolver las reuniones que degeneraran en asonada o tumulto o que obstruyeran las vías públicas. Era desde luego dejar la puerta abierta a la total arbitrariedad para reprimir las protestas ciudadanas. Llegar a eso es lo que parece querer hoy el Ministro de Defensa al satanizar como lo ha hecho la protesta social.

Sabemos bien que los acuerdos de La Habana consolidaron la hazaña inconmensurable de dar por terminado el conflicto armado con la más grande y vieja guerrilla nacional. Hubo al sentarse en la mesa de negociaciones en Cuba el reconocimiento de ese conflicto armado interno, cuya existencia el Gobierno de Uribe se empeñó sistemáticamente en negar y sostener que solo había un puñado de terroristas que era necesario aniquilar, tal como lo intentó sin éxito durante ocho aciagos años.

Aunque desde luego también tenemos muy claro que la mera terminación políticamente acordada del conflicto armado no puso fin, ni por asomo, al tremendo, inmenso y ancestral conflicto de la inequidad y la exclusión, cuyo esquema  seguramente provino del régimen colonial español fundado en los privilegios que los criollos al triunfar en la lucha emancipadora no lograron desmontar sino más bien asumir sin mayores alteraciones en su propio provecho. Y el  oprobioso esquema de la inequidad nos atormenta desde entonces y explica una gran porción de nuestros continuados conflictos armados durante los dos últimos siglos.

Los acuerdos de paz de La Habana quizás solo arañaron el meollo del primordial problema de combatir las causas de inequidad y posiblemente los esfuerzos de los acuerdos en esa dirección sean los puntos más temidos por quienes detentan los privilegios viejos y los nuevos, que son precisamente quienes con mayor vehemencia o soterrada decisión se empeñan hoy en combatirlos a toda costa. Comenzando por el medular tópico del descomunal problema rural  tan largamente irresuelto.

La protesta  es por tanto uno de los más importantes mecanismos de democracia directa. Pero solo a condición de que sea pacífica, como lo prescribe la Carta, puede ser realmente eficaz. Es necesario, para la salud democrática de Colombia, no solo respetarla sino estimularla. Desarrollar entre nosotros una verdadera cultura de la protesta pacífica de la que carecemos. Desde las aulas en los primeros años y luego durante la educación media y superior. Hay que educar con esmero a los  niños y jóvenes colombianos para que sepan que pueden y deben protestar pero para que invariablemente lo hagan siempre pacíficamente. En esa cultura debe haber completa claridad acerca de que cuando en una protesta se acude a la violencia, la eficacia de la protesta se desvanece o se pierde por completo y el resultado de los excesos vandálicos solo beneficia realmente a los grupos que son responsables de los motivos que originaron la protesta.

El señor Ministro de la Defensa parece haber tomado muy a pecho el tema de la defensa; pero de una defensa enteramente distinta a la de la cartera que se le ha encomendado, como si se sintiera siempre acosado o asediado por el pueblo mismo que de alguna manera lo llevó a la alta dignidad que hoy ostenta y que está concebida para fines muy diferentes a la eventual represión de ciudadanos que piensan y sienten diferentemente a como él lo hace, a quienes sus declaraciones parecen estar comenzando a identificar como objetivos de unas fuerzas armadas reservadas para muy altos y diversos destinos.

Pareciera estarse defendiendo de la expresión libre de un pueblo que quiere corregir las seculares disparidades de nuestra sociedad, de un pueblo que parece tener tan claro muchas veces la justicia de su causa.

No debe por tanto el Ministro confesar ese nerviosismo armado cuando estalla en cualquier punto de la República un brote de protesta popular. Y lo mejor que puede hacer un Gobierno limpio y bien intencionado es respetar esas expresiones democráticas, resolverlas adecuadamente y jamás reprimirlas, dificultarlas ni menos satanizarlas, vinculándolas perniciosamente a la presencia e instigación de mafias que estarían fomentándolas desde la sombra. En esas cavernas solo parece estar penetrando el flamante Ministro.

Los mismos intentos de entorpecer otras grandes  conquistas democráticas de beneficio general parecen estarlos contemplando otros miembros de la misma cofradía del pensamiento retardatario colombiano al buscar restricciones a la acción de tutela, so pretexto de racionalizar su uso. Ese derecho fundamental es una de las más efectivas conquistas de nuestra democracia y las fuerzas del progreso en el país deben estar siempre en guardia y pronunciarse cuandoquiera que se detectan aleves atentados periódicos para debilitarla, restringirla o desvirtuarla. Empezando por los grupos políticos de filosofía democrática que estuvieron organizados hasta hace algunos años en partidos políticos como el liberal, hoy en serio declive o en vía de liquidación.

Esa filosofía de progreso, que seguirá siempre viva, podría organizarse más bien junto con otros grupos de pensamiento afín en un partido social demócrata fuerte al estilo de los que existen en otros lugares del mundo, como Escandinavia, y cuyas orientaciones y ejecutorias acusan notables coincidencias con los propósitos democráticos, inclusivos y progresistas que el partido liberal tuvo a través de la historia del país, con tantas ejecutorias en favor de la libertad, de la genuina tolerancia, del respeto por los derechos de todos, bases fundamentales para una paz perdurable y estable como la que en Colombia no debemos cejar en continuar procurando sin desmayo. A ello está también convocado por la historia el nuevo Gobierno, con su joven Presidente a la cabeza.

Pero debe comenzar por atemperar indómitos  Ministros, como el de Defensa, quien parece haberle caído de alguna parte, más o menos irremediablemente en suerte, para la conformación de su primer gabinete.   

*Director del Observatorio de Paz de la Universidad Libre

Por: Jorge Gaviria Liévano

La posición del Presidente Duque al exigirle al ELN como condición para retomar las negociaciones de paz que libere a la totalidad de los secuestrados en su poder y cese completamente en todas sus acciones delictivas, es correcta pero no parece realista o del todo consistente.

Pensar que esta guerrilla deje de repente y sobre una base permanente de secuestrar, extorsionar, atacar oleoductos o a miembros de las fuerzas armadas para poder sentarse a la mesa de negociaciones con el Gobierno, es por decir lo menos, una ingenuidad.

No son las épocas doradas de glorioso altruismo revolucionario y de místico heroísmo del Sacerdote Camilo Torres Restrepo. Mucha agua ha corrido bajo el puente desde entonces y grandes han sido las transformaciones de esa guerrilla.

Otra interpretación, menos benigna de la rígida posición presidencial, sería que tan extrema exigencia es una manera velada de dilatar o de evadir las negociaciones y rescatar, como lo ha reclamado con vehemencia el Ministro de Defensa, el espíritu de combatividad de nuestras valerosas fuerzas armadas, a quienes Botero les demanda  irreverentemente prontos resultados.

Ya esas perentorias exigencias las habíamos escuchado en otros tiempos y la presión de esos días condujo al truculento resultado de las espeluznantes ejecuciones extrajudiciales de miles de inocentes jóvenes colombianos que, con seguridad, sí estaban incluso “recogiendo café”.

Si se mira bien, el Presidente Duque afirma querer asumir ese proceso negociado de paz con el ELN, pero lo está planteando por donde esos procesos  normalmente culminan, ya sea a través del acuerdo entre las partes, por la derrota militar de una de ellas, y no por donde ellos comienzan. Una posición, por sus posibles efectos, similar en su aparente inflexibilidad a la que en el pasado entrabó también las negociaciones con esa guerrilla,  sostenida por el ex Presidente Uribe desde su primer mandato, cuando sostenía reiteradamente que en Colombia no había conflicto armado sino una partida de terroristas contra quienes el Estado debía solo actuar con la plena contundencia de la fuerza.

Tal obstinado pensamiento fue la preciada perla de su esquema nacional  de seguridad democrática. Que impidió que, en su momento, no solo se llegará a concertar un acuerdo con el mayor grupo subversivo del país, las FARC, sino también con la segunda fuerza alzada en armas, el ELN. A ninguna de las dos guerrillas fue capaz su Gobierno de vencer militarmente. Solo hay algunos que aseguran que en parte solo las debilitó. Sin duda se aproximó a ello. Pero fue un “casi” que tampoco vale, como tantos otros en Colombia. A la historia no pasará Uribe como quien derrotó a las FARC, sino como quien fue derrotado por ellas cuando firmaron la paz con quien lo sucedió.

Ahora, en cambio, el Gobierno actual reconoce la existencia del conflicto pero no parece estarlo conduciendo a una mesa de negociación sino al campo de batalla, al imponerle al ELN una condición inalcanzable como requisito previo. Si esa condición es inamovible, sin esguinces ni atenuantes,  ello equivale a abortar el proceso desde ahora.

Y los efectos serían más guerra, más víctimas, más desplazados, más violaciones al Derecho Internacional Humanitario, más esguinces  o justificaciones para la actuación del siniestro paramilitarismo, más desdén por las víctimas, más muertes de líderes sociales y defensores de derechos humanos, más derroche millonario en armamentos, menos inversión en educación, infraestructura y desarrollo, más retrasos en la solución del ancestral problema agrario, más narcotráfico, más corrupción,  menos confianza inversionista, más tensiones con los países vecinos, a veces convertidos en burladeros de la guerrilla. Y al final, como lo hemos visto ya, no habrá derrota alguna de la subversión por las armas del Estado.

El grupo guerrillero continúa estacionado por ahora en La Habana con presuntas ilusiones  de negociar la paz y, según afirma, tal como también lo dice el Presidente, con plena disposición para ello. Aunque desde luego, en la prolongada espera, continúa actuando delincuencialmente como ha sido su inveterada costumbre de tantos años.

Así, por ejemplo, lo ha demostrado con los varios secuestros, antiguos o nuevos; unos que reconoce como perpetrados por él, otros que oficialmente se le atribuyen; con  las recientes y riesgosas liberaciones de rehenes en enervante gota a gota,  sin claros protocolos oficiales de seguridad y sin que parezca haber coincidencia en el número de los plagiados entre la guerrilla y los datos del Gobierno; con nuevas voladuras del oleoducto Caño Limón – Coveñas, de tan tremendo impacto negativo en la economía y en la ecología.

El plazo de un mes parecería haber sido corto si el Gobierno se empecina en seguir exigiendo la total desaparición de las acciones delictivas de la guerrilla, como muestra fehaciente de su voluntad de paz y seña de que realmente busca la desmovilización, el desarme y la reinserción. Habría sido seguramente entonces mucho más realista el esquema de Santos, consistente en negociar la paz en medio del conflicto; pues finalmente logró resultados concretos.

No es que los recientes brotes de dispersiones de cabecillas notables en los grupos que conformaron la antigua guerrilla de la FARC, cuyo compromiso con los acuerdos de paz se creía más sólido; la lentitud en los procesos de reincorporación y  algunas otras  falencias que algunos anotan, dejen de preocupar. Sino que son muy grandes las expectativas de tantos ciudadanos en que el proceso de paz logrado con las FARC se fortalezca y se complete y que ese magno esfuerzo se complemente con el de ajustar oportunamente un tratado con la guerrilla supérstite del ELN.Para ello habría que comenzar por creer en la pertinencia y necesidad de un cese bilateral del fuego. Pero no puede pensarse en que ese cese sea unilateral y que solo la fuerza pública podría seguir disparando, tal como algunos lo han sugerido, no se sabe bien si con conmovedora candidez o con desmesurada prepotencia.

No hay duda de que la tarea también hoy es de una dificultad muy notable. Los intentos para llegar a un acuerdo con el ELN son el acumulado de los esfuerzos de siete diferentes gobiernos, que se inician en el de Betancur en los años 80; continúan con Barco, que buscó el diálogo a través de la Coordinadora Guerrillera Simón Bolívar, de donde salió la desmovilización del M19. En los años noventas, en el ambiente de la Asamblea Constituyente, durante el Gobierno de Gaviria, se logró el desarme del EPL, del Quintín Lame y de otros grupos menores; se hicieron esfuerzos en Venezuela y en México con avances en el Proceso de Paz de Tlaxcala, frustrados por el secuestro y muerte en cautiverio del exministro Argelino Durán. Samper, en medio de sus dificultades políticas, firmó un preacuerdo en España que se fortaleció en Alemania, pero que no llegó a cristalizar. Pastrana, hizo también contactos con el ELN en La Habana y en Caracas, pero bien pronto sus esfuerzos  se priorizaron hacia las FARC, con el lánguido y desastroso resultado final, bien conocido por el país y el mundo. Vino después Uribe con su comentada postura intransigente. Santos avanzó en los esfuerzos de entendimiento tanto en Quito como en La Habana, e insistió desde luego en la liberación de los secuestrados. En vísperas de terminar su gestión, incluso se aproximó a la posibilidad del cese bilateral del fuego. Ahora, le deja a Duque el tema en esa avanzada situación y el ELN finca su ilusión en continuar su negociación de paz con el nuevo Gobierno.

Acometer supuestamente un proceso negociado de paz, visualizándolo en su etapa final y no por la de su comienzo, como parece estarlo haciendo el Gobierno, no canaliza ese propósito político ni alienta la esperanza ciudadana; por ese estrecho camino solo escucharíamos de nuevo los angustiosos clarines de guerra del concierto caótico y sin fin, bien próximo a una hecatombe de exterminio, culto en el que tantos creyeron y algunos se empeñan fanáticamente en seguir profesando como efecto del embotamiento de sus sentidos envueltos por una persistente pero engañosa  propaganda acerca de sus supuestas y mágicas virtudes.

La paz siempre será preferible. Pero su procelosa conquista habrá que asumirla con la urgencia que el país reclama en forma muy madura y seria por todas las partes involucradas en el sobreviviente conflicto, comenzando por el joven señor Presidente Duque y desde luego por el díscolo y tantas veces marrullero ELN.

*Director del Observatorio de Paz de la Universidad Libre

Por: Jorge Gaviria Liévano

Si pudieran compararse dos conflictos armados tan disímiles, el del Medio Oriente y el colombiano, podría apreciarse la inmensa celeridad con la que en apenas un lustro nuestros complejos instrumentos de paz pudieron suscribirse y establecerse las nuevas instituciones para desarrollarlos. Veríamos también con nitidez que la vía negociada es la mejor para alcanzar la superación de controversias largas y enconadas. Es el modelo que ya Colombia comienza a proyectar en las naciones y regiones que aun arden en inextinguibles llamas.

El conflicto entre judíos y palestinos es viejo, tiene más de 70 años. Muchos intentos ha habido para encontrar su solución negociada en estas últimas siete décadas, aún con activo acompañamiento internacional al más elevado nivel, pero ninguno de ellos ha podido fructificar para sofocar del todo ese incendio. Altos niveles de  intolerancia, fanatismo, terrorismo, despiadada violencia, han causado impresionante cúmulo de sufrimientos, muertes, crecientes asentamientos en zonas ocupadas, desplazamientos, pérdidas materiales y creciente exacerbación.

En lo que atañe a la región del conflicto contemporáneo, sus antecedentes pueden detectarse desde que el imperio otomano fue vencido al concluir la Primera Guerra Mundial. La Sociedad de las Naciones le dio entonces a la Gran Bretaña  un mandato para que se hiciera cargo del tema palestino y propusiera soluciones para conjurar el problema. Las propuestas no lograban superar las posiciones enfrentadas de judíos y palestinos y finalmente el Reino Unido resolvió endosarle el asunto a las Naciones Unidas. Tras de acalorados debates y presiones, la Asamblea General de la ONU aprobó la Resolución 181 de 1947, aceptada jubilosamente por los judíos que soñaban con poder establecer el “hogar nacional judío” y en erigir un Estado con capital en Jerusalén, pero rechazada con explicable recelo por los árabes que sentían sus intereses  severamente amenazados  por la partición planteada de Palestina.

Se creó por entonces el Estado  de Israel que prontamente fue admitido como miembro de la ONU y el rechazo árabe condujo a la primera guerra civil entre árabes y judíos en 1948. Desde entonces el conflicto armado persiste. En la Guerra de los Seis Días en  junio de 1967, por ejemplo,  Israel logra doblegar rápidamente a los sorpresivos atacantes árabes.  De la victoria de sus armas se desprende la toma  de importantes territorios a los árabes, e Israel, contraviniendo lo que prescribe el Derecho Internacional, considera suyos los territorios conquistados por la fuerza a sus vecinos: La zona de Gaza a Egipto, las alturas del Golán a Siria, Cisjordania y la parte oriental de la ciudad de Jerusalén a Jordania.

Jerusalén, considerada sagrada por las tres religiones monoteístas del mundo, que dicho sea de paso son las que paradójicamente tanta intolerancia, fanatismo y guerras han desplegado en la historia, ha sido una ciudad que por su carácter sacro ha gravitado poderosamente en el fondo del conflicto. Por ello ha sido tan sumamente retadora y contraria a las salidas de paz en la región, la desafortunada decisión unilateral del Presidente Trump de reconocer a Jerusalén como capital del Estado de Israel y su consiguiente decisión de trasladar allí la Embajada norteamericana de Tel Aviv donde desde  hace muchos años funcionan todas, entre ellas la nuestra. Y esperemos que autónomamente continúe allí.

Bien ha hecho Colombia, así sea con notable rezago, en completar el cuadro de los países suramericanos y reconocer al Estado Palestino como una contribución a la paz. No podía haber sido de otra manera. Siempre resultó algo incongruente que  en la década de los noventas se hubiera recibido una representación diplomática palestina permanente en Bogotá, que años después se hubiera elevado a la categoría de Embajada, pero sin que en ninguno de esos  afortunados episodios se hubiera producido el obvio reconocimiento del Estado Palestino que ahora se ha hecho explícito. Y tampoco era consecuente la posición colombiana, al haberse abstenido en foros internacionales  en  tantas votaciones favorables a la paz en esa región, en lugar de votarlas afirmativamente.

El Estado Palestino ha sido ya reconocido por cerca del 70 por ciento de los miembros de la ONU, lo cual significa que con Colombia son ya 136, de los 192 países de la Organización. En Hispanoamérica solo faltan por hacerlo México y Panamá. Por lo demás, hace varios años se aceptó para Palestina en la ONU la calidad de Estado Observador no Miembro de esa Organización.

El entonces Presidente Santos y su Canciller Holguín participaron su decisión de reconocimiento unos días antes del 7 de agosto a sus respectivos sucesores, quienes  entonces no la objetaron. Era explicable que estos últimos más bien la alentaran porque le evitaría al nuevo Gobierno sufrir luego presiones, en caso de querer otorgar el reconocimiento a los palestinos. Las mismas presiones que Santos hubiera tenido que soportar de haber tomado su decisión en otro momento cualquiera de su administración. La comunicaron al Ministro de Relaciones palestino y al Secretario General de la ONU. Se anunció en Colombia a través de la Embajada Palestina.

Constitucionalmente, el Presidente en Colombia es el Jefe de las relaciones exteriores del país. A ninguna persona u organismo debe supeditar sus decisiones políticas en la materia. La revisión o examen que se ha anunciado por el nuevo Gobierno puede no tener más alcance que el de buscar algún impacto mediático que simule un descontento con la decisión de Santos, más frente a Israel y a los Estados Unidos que domésticamente. Ojalá no sea una especie de presentación de excusas por haberse tomado en Colombia una decisión soberana. La Comisión Asesora, cuya pronta convocatoria se ha anunciado, no es preciso consultarla para adoptar determinaciones de política exterior, menos cuando ya están tomadas. Pero el Jefe de Estado puede escucharla sin que su concepto lo obligue en ningún caso.

No se ve por tanto cuál es la desinstitucionalización de la que ha hablado por “twitter” la señora Vicepresidenta, incursionando en órbitas que no parecen las de su competencia; ni se explican las nerviosas observaciones del nuevo Canciller, tan recién llegado al sofisticado mundo de las grandes decisiones internacionales, sobre una determinación que más bien debería alegrarlo, en lugar de estar temiendo eventuales consecuencias negativas o, lo que es peor, hablando de que es “prioritario mantener las relaciones de cooperación con sus aliados y amigos”. Porque los nexos con todos los Estados con los que Colombia tiene relaciones diplomáticas son, al menos en teoría, igualmente importantes y susceptibles de estrecharse, incluidos desde luego los que mantiene con Israel y con los palestinos árabes del ya reconocido por Colombia Estado libre, autónomo e independiente. Reconocimiento que es desde luego y por fortuna irreversible, salvo que se optara por hacer el más grande ridículo internacional al reversarlo.

Esa es precisamente la delicada labor que le corresponde a un Canciller y no debe por tanto angustiarse y publicitar priorizaciones en materia de amistades internacionales.

Lo que sí debiera ser reversible son las altaneras e improcedentes manifestaciones del Embajador de Israel en Bogotá al estimar que no solo la determinación oficial ha debido participársele con suficiente antelación sino que esa decisión soberana es una deslealtad con Israel y, en  sus palabras, “una bofetada” del Gobierno amigo de Colombia. No hay tal. La soberanía, desplegada en el momento en que cualquier Estado decida ejercerla, no riñe con los anhelos universales de que judíos y palestinos solucionen sus viejas diferencias y dejen de protagonizar una confrontación tan tremendamente cruenta.

Su gestión diplomática en Colombia hubiera podido servirle al intemperante representante de esa nación para observar atentamente lo que un país tan nuevo como el nuestro ha conseguido hasta ahora en el terreno de la paz. Y ese es justamente el mensaje que el saliente Gobierno ha querido trasmitirles a ambas naciones amigas con el reconocimiento del Estado Palestino. Los paradigmáticos avances colombianos en materias de paz no tienen que limitarse a nuestras fronteras sino que podrían extrapolarse, en lo mucho que de positivo tienen, a otros pueblos en conflicto que seguramente no encontrarían su feliz culminación en una guerra perpetua sino en una actitud de tolerante respeto y de afirmación de la institucionalidad y del derecho. Es el marco insustituible de toda paz negociada, de toda paz perdurable.

Ello contrarrestaría la evidente debilidad en los mecanismos pacificadores de los organismos y la pusilanimidad de la comunidad internacional en su conjunto, en particular de parte de las más grandes potencias mundiales, llamadas desde siempre a  deponer  intereses egoístas y corregir posiciones equivocadas, a fin de  propiciar el pronto fin de la absurda y prolongada tragedia que viven esas dos naciones, por igual amigas de Colombia.

*Director del Observatorio de Paz de la Universidad Libre

Por: Jorge Gaviria Liévano

Uno de los salones de la Casa de Nariño es el que lleva el nombre del maestro Obregón. Hay un cuadro bautizado por él como “La Victoria de la Paz”. Ha estado ahí por años. Apreciado en su belleza por algunos de nuestros mandatarios; ignorado por otros menos sensibles; seguramente temido y rechazado como fatídico talismán por el gobernante que le extrajo todo sentido humanitario a su interpretación de la seguridad y de la paz en sus dos largos períodos de Gobierno.

Inmensamente valorado, en cambio, por el gobernante  saliente, no solo en su esplendor artístico sino en su potente simbolismo. Se diría que Santos hizo de “La Victoria de la Paz” no solo su primordial meta sino su mayor legado para Colombia, hasta transformarla en política de Estado. El cuadro suscitará siempre admiración. Los trazos firmes de ese  impactante óleo de gran formato expresaron en 1982 las vibraciones exultantes de la sensibilidad del artista, quien pretendió celebrar así el final de uno de los ciclos de nuestra recurrente confrontación, el de la violencia política, y abrir la puerta a la ilusión de que otros episodios de desavenencia entonces en curso o por comenzar pudieran cerrarse prontamente sin nuevas heridas, tal como en alguna medida se cauterizaron en su momento las de aquella feroz y prolongada controversia fratricida.

Las magistrales pinceladas de “La Victoria de la Paz” describen  un movimiento dinámico y sostenido,  la afirmación de la voluntad jamás vencida del alma de Colombia por buscar  salirle al paso a la guerra, al encono, a la destrucción, sin detenerse ni aminorar el ritmo; es una mujer vestida de blanco, plena de ternura  y  belleza, pero a la vez de fortaleza, con decisión de continuar su marcha ininterrumpidamente. Es la expresión de que la paz entre nosotros no debe ser la de las improvisaciones, o  las claudicaciones humillantes después de prologadas y dolorosas confrontaciones, ni la que se traduce apenas en fugaces treguas, sino la que resulte de acuerdos responsables, de consensos madurados, de puntos  cuidadosamente identificados para  superar ancestrales desequilibrios. No la paz surgida de soberbias campañas de exterminio que confirmarían los desajustes de siempre  y serían, por tanto, motivo de conflictos que desangrarían interminablemente  al país.

La paz es dinámica, constante, trabajo paciente , en que se rectifica sin cesar, a la manera de los antiguos alquimistas, quienes so pretexto de  obtener el oro puro de lo que antes fueran metales innobles o mera escoria, perseguían fundamentalmente al final del proceso la trasmutación del corazón del operador. Otra artista  notable, como Doris Salcedo, ha manipulado también metales para dejar a la posteridad la obra denominada “Fragmentos”, que es uno de los tres monumentos que quedarán con las miles de armas fundidas que entregaron las FARC hace más de un año. En reciente ceremonia previa de inauguración el Presidente Santos destacó el noble pensamiento de una de las víctimas, así: “Si las armas se pueden fundir, los odios también”. Es lo que ahora nos corresponde hacer a todos los colombianos.

Y el paciente operador principal que ha sido Santos, aun siendo consciente del desgaste que paradójicamente han implicado para su propia imagen los pasos más trascendentales dados  en la historia del país hacia la paz perdurable, ha retomado con decisión complejos intentos para que se logre prontamente un cese bilateral del fuego con la guerrilla supérstite del ELN, provisto de precisos protocolos para su verificación internacional, y para ajustar los lineamientos de un acuerdo muy específico de paz con ese grupo, de características bien distintas al de la antigua guerrilla de las FARC.

La inminencia del fin de su mandato ha conspirado contra el esfuerzo para terminar de pulirlos; pero  ojalá el nuevo Gobierno aproveche lo mucho que en esto le deja  el saliente y se abstenga de imponer condiciones heroicas que hagan ilusoria la feliz culminación de otro proceso políticamente negociado y de tanta trascendencia para la nación.

Por ahora, y sin que tengamos otro motivo distinto al mero sentimiento de reconocimiento ciudadano, que mezquinamente se le niega hoy por tantos al Jefe de Estado que está por terminar su gestión, significamos en estas líneas nuestra admiración y gratitud por una obra de Gobierno que le ha devuelto a Colombia, en particular a sus gentes humildes, a las numerosas víctimas y desplazados forzosos del conflicto armado, a los antiguos guerrilleros, a sus fuerzas armadas, a las futuras generaciones, la esperanza de conocer la verdad de lo acontecido, de que sobre esa base se repare plenamente a quien corresponda, que se imparta a todos debida justicia, que se garantice que las atrocidades vividas no se cometerán jamás de nuevo, y de que la vida en un país maravilloso como el nuestro no estará eternamente condenada a la amenaza, al miedo, a la muerte y a la destrucción.

Este reconocimiento lo hacemos con entusiasmo desde el Observatorio de Paz de una Universidad como la Libre, que ha venido valorando altamente los esfuerzos que nos han situado en el adelantado lugar en que estamos en el camino de la reconciliación nacional, sin desconocer lo mucho que aún le puede estar faltando al país en ese terreno y que es responsabilidad de todos y no de ningún ciudadano o Gobierno en particular.

Celebramos, pues, en esta hora “La Victoria de la Paz” , no solo en memoria del gran artista de cuyo pincel y sensibilidad emergió el mensaje insustituible de concordia y esperanza que debe guiar siempre a los habitantes de la Casa de Nariño, sino en homenaje al estadista  que hizo posible que su fe en la paz y sus ejecutorias en ese campo fueran sus mejores credenciales para entrar en las páginas indelebles de la historia y recibir el justo reconocimiento internacional que se percibe ya con nitidez.

“La Victoria de la Paz” servirá como una especie de epílogo  cuando en un futuro no lejano los historiadores serios quieran resumir con justicia la obra del Gobierno de Santos, en un ámbito ya despojado de los apasionamientos e imprecisiones que atenazan la objetividad en nuestros días.

No dudemos de que el nuevo presidente Duque abrevará también en la inagotable fuente de inspiración simbólica que surge del lienzo eterno del Maestro Obregón y en la imperecedera gestión del Gobierno que concluye. Confiemos en que para ello comience por trasladar prontamente esa formidable obra artística del Salón Obregón al muro principal de su propio despacho y que ojalá le quede siempre bien al frente.

*Director del Observatorio de Paz de la Universidad Libre

Por: Jorge Gaviria Liévano

En el país puede advertirse un sentimiento, por ahora algo vago o desarticulado, en favor de la creación de un nuevo partido político democrático que satisfaga realmente las aspiraciones aplazadas o frustradas de muchos. En efecto, sucesivos episodios de la vida púbica han ido dejando un creciente  sedimento de desconcierto y decepción ciudadano en el que se mezclan aflicciones de orfandad ideológica y de frustración ante la conducta de algunos dirigentes, como aconteció ahora en el Partido Liberal.

De la posibilidad digna de constituirse en pieza fundamental de una oposición constructiva, inspirada en los principios de su formidable ideario filosófico y en  grandiosas ejecutorias progresistas a lo largo de su historia, pasó hoy a convertirse en una colectividad contradictoria e ignominiosa, sometida frente a las directrices de la derecha extrema. Ello equivale a extenderle partida de defunción como partido autónomo. Todo ello a cambio de oprobiosas cuotas burocráticas para unos cuantos o para sostener el dudoso prestigio político del prestidigitador de los pactos de entrega secretos quien, desdeñoso del lugar que pueda ocupar en la historia, abandonó a su suerte, con el deplorable resultado conocido, al candidato oficial del liberalismo, quien fuera protagonista notable de los acuerdos de paz.

Se confirma de tal guisa la erosión irreversible de los partidos políticos tradicionales; el divorcio entre electores y dirigentes; el carácter exclusivamente parlamentario de los partidos, que eligen sin cortapisas a los dirigentes de la colectividad de la que están ausentes los genuinos intereses y las expresiones concretas del pueblo; todo ello hace nugatoria nuestra democracia en el esquema actual.  Más allá de la mera  adulación en el impúdico desfile de los oportunistas del día, preocupa la virtual extinción de nuestro sistema de partidos, inmersos en incondicional obsecuencia, porque ella denota insistente tendencia hacia un régimen de partido único, con las graves implicaciones  institucionales que supone.

La democracia requiere de una oposición vigorosa y con plenas garantías. Que se distancie, por ejemplo, de la decisión del saliente Senado al acoger sin escrúpulos las disposiciones propuestas por el Centro Democrático para complementar la ley de procedimiento de la JEP y desfigurar su esquema. Las dos normas son débiles por su presumible inconsistencia constitucional y nimbadas de cierta demagogia frente a las fuerzas armadas. Estas no las estaban pidiendo, en la medida en que más bien las desfavorecen frente a la justicia transicional, tal como está concebida, ante la cual habían formulado miles de solicitudes para acogerse prontamente a esa jurisdicción. Con la maniobra parlamentaria puede ocurrir que muchos de esos individuos tomen el sendero equivocado que no los conduzca a contar la verdad,  supuesto fundamental de los beneficios de la JEP y de la consolidación de una paz perdurable, y que se precipiten así en incierto y peligroso abismo.

Pensar en una oposición cohesionada supone encontrar los varios puntos de convergencia de las diversas corrientes políticas, primordialmente de centro, que conformaron la alianza expresa o tácita, que logró la nada deleznable suma que superó los ocho millones de votos en la segunda vuelta para la elección presidencial.

Un punto de identificación, por ejemplo, es su repudio a la continuidad ahora de un régimen que buscó perpetuar la guerra de exterminio ad infinitum, con la muerte de miles de compatriotas de todos los bandos combatientes; con innumerables victimas que esperanzadamente aspiran a conocer la verdad de lo acontecido y a la reparación consiguiente; con millones injustamente desplazados, de estéril derroche de recursos que habrían podido destinarse a mejores fines y del fortalecimiento al impulso de la intensificación del conflicto armado de disímiles e incontrolables intereses amparados por el narcotráfico o el paramilitarismo supérstites.

Probable secuela tardía de esos flagelos es el exterminio que se ha venido desatando en los últimos dos años y medio, y que ha producido en ese lapso el asesinato de 311 defensores de derechos humanos y líderes sociales, la mayoría vinculados al conflicto medular y largamente irresuelto de la tierra, cuya solución integral constituye uno de los puntos centrales de los vilipendiados acuerdos de paz. Las multitudinarias “velotonas” en plazas colombianas y del exterior son elocuente testimonio del hondo rechazo ciudadano a este horror y la esperanzada solicitud al Estado para que adelante oportunamente y hasta su culminación las investigaciones y proteja suficientemente a los líderes amenazados o en riesgo.

Otro punto de convergencia en ese frente de potencial oposición sería el muy significativo de continuar interpretando que la paz no es solo la ausencia de guerra sino que es la búsqueda incansable por ampliar y perfeccionar la democracia representativa, descontaminándola al máximo de la corrupción que la asedia. La  resuelta solidaridad social para lograr por esta vía la consolidación y disfrute por todos de los derechos sociales, económicos, políticos, culturales y medioambientales. La drástica reducción de la inequidad, de la extrema pobreza, de la discriminación en todas sus formas. La búsqueda de la creciente participación política de todos los sectores en las grandes decisiones. La indeclinable afirmación de nuestra soberanía nacional.

Un frente opositor que pueda devenir con el tiempo y el esfuerzo concertado y jalonado por líderes que coincidan siempre con el sello democrático que anime al grupo, en un vigoroso partido de estirpe socialdemócrata, por ejemplo, en el que la democracia y el socialismo sean conceptos simétricos e igualmente dignos, valiosos e inseparables y que con ellos se erija en una alternativa viable de poder que englobe a la juventud y a  todos los sectores afines a una paz con  justicia social.

Cuando en Europa después de la Segunda Guerra Mundial surgieron los partidos socialdemócratas que perduran hoy con fuerza en varias naciones, ya se había hecho claridad plena acerca de la abismal distancia que los separa de la concepción marxista ortodoxa. La socialdemocracia es reformismo democrático, tiene compromiso indisoluble con la democracia representativa y acepta que su desarrollo solo cabe dentro del sistema capitalista, con respeto por la propiedad privada y por la acción benéfica del estado interventor, incluso con sus políticas tributarias para que exista equidad. Mucho de ello se advertía en los mejores momentos del liberalismo colombiano y está consagrado en la Constitución de 1991.  Nada tiene que ver, por tanto, con el comunismo; son intencionadas fantasías de nuestro macartismo criollo y de su eficaz propaganda política al mejor estilo de Goebels.

*Director del Observatorio de Paz de la Universidad Libre

Por: Jorge Gaviria Liévano

Algunos celebran con euforia la elevada participación ciudadana en la elección presidencial en primera vuelta, aunque sin compararla con altos porcentajes en países con voto obligatorio. Sabemos que la apatía electoral en Colombia ha sido históricamente notable. Aunque el 27 de mayo alcanzó niveles más bajos, el 46,62% es una cifra claramente indicativa del gran desencanto ciudadano.

Algunos nunca han votado, otros se marginan voluntariamente porque conocen el habitual incumplimiento de los políticos; o se alejan de las urnas al repasar episodios de traición remotos, recientes o en curso: la  frustrada revolución comunera del Siglo XVIII, el exterminio de la UP a finales del XX; o al hallar tremendas semblanzas en quienes hoy incurren en la falacia de afirmar que quieren la paz pero no la que se pactó. Y anuncian paladinamente la revisión de los acuerdos. Como si ello no configurara una traición artera a lo que ya firmó el Estado.

El candidato con la mayor votación individual encarna la derecha que hoy no oculta su filiación y antes bien la exhibe con palmario orgullo. La disimula solo en su actual pesca descarnada de electores adicionales en el ajeno centro. Sus propios votos, sin desconocer su habilidad mediática, son la sumatoria de ocho largos años del gobierno mesiánico de su mentor, que penetró con su verbo de apocalíptica destrucción la mentalidad de vastos sectores del pueblo a los que encauzó irreparablemente en la dirección de la guerra permanente, engañoso elixir de su versión de paz imposible. Esta es forma despreciable de corrupción, de sórdidas implicaciones. Y a ella se suman ahora impúdicos mercaderes de la política, de bien dispares ideologías, que presumiblemente negocian a cambio inconfesables prebendas, cuando la  histórica colectividad confiada a su cuidado se desploma con estruendo. Guerra y corrupción, vuelta a un pasado reciente y conocido, asustan sin duda. ¡Y mucho!

De otro lado, está el candidato que, con firme convicción, manifiesta voluntad de defender los acuerdos de paz. Él mismo fue beneficiario de otro excepcional proceso que lo transportó de la lucha armada a la candidatura presidencial. Juiciosos o improvisados planteamientos hizo en su fugaz campaña. Rechazados algunos, aceptados otros. Todos generaron  impacto indudable. Y asimismo produjeron miedo que no se sabe si tiene fundamento real o es exagerada propaganda de  campaña  que destaca  su compleja personalidad  autoritaria,  su presunta simpatía con la dictadura venezolana, sus veladas sugerencias de expropiaciones arbitrarias, su incapacidad para trabajar en equipo o su preocupante tendencia a generar confrontaciones entre  estamentos colombianos. Sin embargo, en un país hoy tan conservatizado,  el  pánico se dispara porque sus propuestas de cambio evidencian muy resuelta voluntad de ejecutarlas.

Ante todo ello, algunos de sus potenciales electores nuevos,  presuntamente en un centro más cercano a él que al otro candidato, se irán nostálgicamente resignados al bando de la derecha; también los oportunistas de toda laya que simulan  temblor incontrolable; otros muchos entrarán a engrosar el nutrido grupo de abstencionistas o de los que inútilmente votarán ahora en blanco.

Al cambio en el país no parece entonces estársele posibilitando la entrada. El cambio en Colombia recibe portazo tras portazo y los que lo lideran se encuentran siempre en absurda división debilitante. 

¿Seguiremos los electores el próximo 17 de junio atrapados por los pánicos, los oportunismos, la parálisis ante los cambios, confundidos por las redes sociales o manipulados por encuestas y pronósticos? Los abstencionistas probablemente aumentarán significativamente en esta ocasión y los amigos de la paz no tendrán ya tiempo de movilizarlos en su defensa.    

¿Qué podríamos hacer  entonces para lograr que en un futuro no lejano la más importante afirmación nacional, la de la urgencia ineludible de una Colombia en paz, tuviera  la necesaria legitimidad para asegurarle  perdurable estabilidad? El proceso de paz hasta ahora salvó miles de vidas que se hubieran perdido en la prolongación de la guerra. El acelerado proceso de extinción de los partidos políticos debería obligarnos a emprender prontamente audaces cruzadas de rectificación.

Valdría la pena, por ejemplo, pensar en establecer el voto obligatorio. El voto facultativo, como derecho, es expresión equívoca e insuficiente de la soberanía  individual y nos ha conducido a la apatía y en ocasiones a condescender con lo inequitativo y corrupto. La opinión valiosa de millones de compatriotas se desconoce y desperdicia.

Votar todos para corregir el rumbo no sería solo derecho sino riguroso deber. Su ejercicio recibiría siempre estímulos y jamás castigos. En el camino de la paz   debemos contener y reprimir la corrupción electoral y estimular la participación, garantizando por ejemplo fácil acceso a las urnas en  sectores  rurales, extender a dos días las votaciones y otras previsiones por el estilo. Podría ser voto obligatorio o mixto: obligatorio hasta cierta edad, facultativo al superarla.

El voto, como la paz, se entendería como derecho y deber de obligatorio cumplimiento. Reduciríamos la nociva brecha entre el país político y el país nacional, del que hablara Gaitán. Nada de eso sería desestabilizador; todo lo contrario, dignificaría y legitimaría la política, remozaría y vigorizaría nuestra democracia. Es otra posibilidad de protesta pacífica y eficaz.

La energía libre y frecuente de tantos compatriotas en las urnas  serviría de antídoto seguro contra muchas falencias y pondría fin a los marginamientos voluntarios que son irresponsables en coyunturas tan cruciales como esta.

*Director del Observatorio de Paz de la Universidad Libre

Por: Jorge Gaviria Liévano

La  alta votación en segunda vuelta les da una muy buena legitimidad tanto al Presidente electo como al grupo que  aspira a adelantarle oposición. Se registró una aceptable participación ciudadana del 53%.

Mientras que entre la primera y la segunda vuelta los ciudadanos encauzaron libremente su voluntad, los políticos profesionales, en cambio produjeron en esta ocasión distorsiones que debilitaron la posibilidad democrática de una oposición más fuerte que la que está planteada, ya que privilegiaron en sus alianzas a un solo partido, el triunfador, en desmedro del vigor proporcional de los demás.

Es la derrotada maquinaria de los partidos tradicionales  en su degradada majestad, que cierra filas en torno al nuevo mandatario, significando acomodaticia lealtad a sus designios y la voluntad de renunciar al derecho y al deber de hacerle oposición constructiva a un gobierno ideológicamente tan distante para muchos de ellos.

Quien hoy explicablemente reclama para sí la jefatura de la oposición, cayó noqueado en la dura lona del cuadrilátero electoral pero ha dado muestras de querer levantarse para reincorporarse con decisión a la lucha democrática. Aunque tendrá, sin debilitarlo, que moderar significativamente, dentro y fuera del Senado, su punzante discurso, si es que quiere garantizar la cohesión de los numerosos sufragantes que no son solamente atribuibles a él sino al prestigio de reconocidos dirigentes de diversos grupos, tributarios de la misma causa, y a la energía de un conjunto humano con voluntad de cambios fundamentales, dentro de la institucionalidad. Tendrá,  además que refrenar su espíritu autoritario para trabajar  al fin en equipo y bajarle drásticamente a su tendencia a estimular la estéril confrontación entre estamentos sociales. En una palabra, tendrá que continuar en campaña, pero esta vez internamente, para conquistar a los electores que viene reclamando como incondicionalmente suyos.

El grupo  triunfante, que  desde hace mucho se esfuerza por hacer del pensamiento político nacional algo enteramente homogéneo, so pretexto hoy de estar uniendo a un país dividido y que contribuyó a polarizar durante los últimos dieciséis años, fomenta ahora un seductor ambiente de uniformidad política, ideal para el impulso del  partido único con el que siempre ha soñado. Después de ocho años reaparece con incontenible fuerza bajo la engañosa denominación que viene ostentando de “Centro Democrático”, para muchos nuez del nuevo pensamiento político preponderante en Colombia.

El grupo victorioso y su comandante, que entendemos será desde ahora el Presidente electo, podría  por ejemplo interponer su enorme influencia del momento en el Congreso para que se apruebe sin pretextos en esta legislatura la ley de procedimiento de la JEP que presentó el Gobierno con mensajes de urgencia e insistencia. Porque si se aplaza para la próxima legislatura, con un nuevo Congreso,  se dejaría a la Justicia Especia para la Paz prácticamente manicruzada respecto a lo esencial y por tiempo indefinido.

Se la conminaría a tener que echar mano de su propio reglamento interno y a remitirse desde él a otras normas de procedimiento existentes, con los riesgos jurídicos que tendrían así sus decisiones.

La ostensible mayoría que tiene ya en las dos cámaras y la reforzada que tendrá desde el 20 de julio el nuevo Gobierno, debería servirle para que no sean la justicia, la paz y las víctimas las que continúen siendo postergadas o sacrificadas.

Sin oposición política aún organizada ni demasiado vigorosa, y la tendencia a consolidar el esquema del partido único en armonía con su autoritarismo consubstancial, el nuevo Gobierno podría elegir la senda equivocada de reforzar  trasnochadas tradiciones en un país injusto y anclado en privilegios supérstites.

Pero el joven Presidente puede, por el contrario, afirmar independencia real de su mentor y de los vientos cruzados en su propio grupo, y algunos piensan que  comenzó a hacerlo en su discurso de triunfo. Señaló que no gobernará con odios ni con rencores, lo cual marca contrastes y produce gran alivio.

Habría esperanzas  de que  respete a la oposición y la rodee de las garantías necesarias; de que fortalezca los instrumentos institucionales ya adoptados para lograr la paz perdurable en todos los rincones de la nación. Esa sería la ruta adecuada. Una gran cantidad de colombianos expectantes está observándolo y desde luego también la aguda mirada de la comunidad internacional.

El conteo apenas comienza. 

*Director del Observatorio de Paz de la Universidad Libre

Por: Jorge Gaviria Liévano

¿Será que uno de esos tres estados de ánimo fruto de íntima convicción o manipulación por una multimillonaria propaganda política que con mensajes explícitos o subliminales ha venido calando en nuestras conciencias y generando una cultura de dócil rebaño gregario?

Lo cierto es que los colombianos de hoy somos presa de visiones fantásticas o claudicantes: en los extremos, poderosos salvadores mesiánicos en vuelo de retorno, o potentes amenazas, con ansias de pronto ascenso; algún otro grupo mimetizado de aquella derecha con cambios radicales de bando y procurando mostrarse, a  caza desesperada de votos que escapen a su aceitada maquinaria, en posición de imposible equilibrio; y,  en el centro, escuálidos voceros de la sensatez, a quienes se escucha atentamente con fe pero a los que se descarta prontamente sin esperanza.

Y en medio de la confusión reinante vienen las inevitables desbandadas:  hacia el grupo que cultiva la ilusión de regresar a la guerra sin cuartel,  se suman miles, situados apenas en el anillo periférico del movimiento, pero necesitados de tranquilizar su hondo desconcierto ante el sugerido  retorno al conflicto armado, que se creía superado, divisando de nuevo para ello, detrás de una réplica más joven, pero ideológicamente igual de añeja, con la máscara engañosa de una simulada tolerancia, la imagen que los alivia del “salvador”, del genio de la propaganda que logró venderle a muchos colombianos interesados o ingenuos, en medio de los fuegos cruzados del exterminio sin victorias, la falaz idea de que la seguridad de pocos era la democracia de todos.

Otros buscan acercarse al sector político que comanda hoy  quien con fortaleza intelectual indiscutible pero con el designio  de  gobernar  solo en favor de un sector de colombianos, el mayoritario y desposeído,  en contra del minoritario y privilegiado, está capturando la voluntad del pueblo largamente burlado. Su autoritarismo nato, sin embargo, hace reflexionar a muchos de los que admiran sus pasadas ejecutorias solidarias con un pueblo que las demanda y espera. Su incapacidad para trabajar en equipo, que en contacto con él se desgrana prontamente, es una preocupación  adicional para quienes entienden que la democracia debe ser expresión de consultas y consensos permanentes, no de solitarias o caprichosas determinaciones. Quizás a ello le atribuyan su ineficacia administrativa.

A este grupo reflexivo se suma uno crítico más amplio  que,  debiendo acompañarlo sin reservas por el beneficio que le representaría sus propuestas, dice estar  atrapado por el pánico. Está conformado por una vasta franja, insegura acerca de su posibilidad real de  acceder a las mieles de la clase alta a la que emula, y es a la que más horroriza caer en el abismo irreversible del pueblo desposeído. Le acomoda más arrimársele a los poderosos, sin percatarse de que están ahí hace tiempo acurrucados para recoger las migajas descuidadas  que caen por accidente de la mesa opulenta del banquete. Pero se los oye repetir que están  en el mismo pánico que atrapa a los privilegiados, dándose indolente aire de artificial elegancia, y  como si el sumarse al coro de los poderosos los hiciera vibrar en su misma frecuencia.

Pese a todas esas aprehensiones el líder, con su verbo encendido y sus promesas, atiborra plazas con espontáneos sectores populares. Crece así el pánico, que  paradójicamente apuntala al fatídico grupo de los guerreristas por convicción o por desconcierto. ¿Y ante qué es el pánico? En el fondo es miedo al cambio, en unos; en otros, a que el líder termine enfrentando una clase de colombianos contra otra. Es lo que reitera la obsesiva propaganda que lo ubica en el mismo corazón de la Venezuela en picada.  

Y al margen del desconcierto que invade a las huestes derechistas, que no a sus caudillos o jefes; del pánico frente a la inminente izquierda, está la inmensa masa de colombianos del centro, muchos decepcionados, en donde se incluyen sectores importantes de jóvenes. Desencantados con la irresponsabilidad, corrupción,  impunidad, incongruencia política frente a justas aspiraciones de paz en un país encendido durante siglos, insensibilidad con los injustos desequilibrios. ¿Esta agrupación inmensa, votará en blanco? ¿Se abstendrá? ¿Reservará su gran protesta para asumir algún día responsabilidades? Será necesario establecer el voto obligatorio para que los decepcionados, entre ellos los que no han opinado o los que nunca opinan, resuelvan sobre los cambios fundamentales. Ponderada reflexión cabría.

Entonces las elecciones próximas se desatarán tristemente entre extremos, alimentados por desbandadas de desconcertados pero conformes por el posible retorno a la guerra; los que están en pánico por la posibilidad del cambio y los   decepcionados por no percibir el equilibrio. ¿No hay acaso mejor alternativa democrática? ¿Y dónde queda el colosal esfuerzo por aclimatar la paz? ¿Perdido?

Habrá que trabajar denodadamente por encontrar esa mejor opción para vencer el aparente fatalismo recurrente de nuestro actual destino.

*Director del Observatorio de Paz de la Universidad Libre

Por: Jorge Gaviria Liévano

Los colombianos no estábamos listos para los Acuerdos de Paz que súbitamente se nos vinieron encima. Y no lo estábamos porque jamás fuimos educados para vivir tolerantemente. Por ello algunos dudan de su pertinencia, los rechazan abiertamente o consideran que se cedió mucho, pese a que jamás el Estado fue capaz de derrotar a la guerrilla en largos años de continuado esfuerzo de aniquilación, condenado por unos y ensalzado por otros.

La preferencia por conservar la atmósfera de guerra parece bien marcada en Colombia. Se dio en los siglos precedentes, se puso de presente en nuestros días y perdura más o menos inalterado hasta la fecha. 

Casi 200 años de vida republicana independiente; pero más de 200 con el dedo en el gatillo, en un pavoroso cuadro de puja por el exterminio fulminante del contrario. Refulgentes medallas en el henchido pecho de los vencedores; lacerantes grilletes para los vencidos en el humillante rincón de los panópticos. Careciendo el cierre de nuestros conflictos armados de la “garantía de no repetición” que hoy transforma nuestro convulsionado escenario, el ciclo de victoria y derrota, rencor y venganza, se repetiría incesantemente de generación en generación.

De lo previsible y típico de esos múltiples conflictos armados nacionales y regionales sostenidos hasta mediados del Siglo XX, se pasa a la modalidad atípica de la resistencia de compatriotas que sintieron la dolorosa exclusión social y optan por  la lucha  armada en  varios grupos guerrilleros, de análogos propósitos pero diferentes estilos y estrategias, y que irrumpen en la década de los años sesentas. Aquí y en varios países, los revolucionarios quisieron replicar el triunfo exultante de Cuba pero por innumerables factores no pudieron capturar el poder.

El medio siglo posterior sumió progresivamente a esos grupos en sensibles extravíos respecto de las orientaciones ideológicas y altruistas originales; en una peligrosa confusión sobre la apelación a todas las formas de lucha, caen en el abismo de implantar el terror y de su financiación mediante el vituperable secuestro extorsivo y el narcotráfico internacional. Terminó por borrarse todo respeto humanitario por el compatriota combatiente y la más mínima compasión hacia cualquier ser humano inocente y generalmente al margen del conflicto armado.

En esa incesante vorágine de violencia, nos llegan los acuerdos de paz, como una inmensa necesidad largamente insatisfecha, con la nitidez de su maravillosa idea central, pero con la densidad de unos textos diseñados para eruditos y no para un pueblo que pronto cayó en las redes de la confusión provocada por la hábil propaganda política de quienes no los propiciaron ni los apoyarían después.

Se arribó así a la imprudente  aventura plebiscitaria del 2 de octubre del 2016, y la mayoría se pronunció por la continuación de la guerra perfecta y no por el experimento perfectible de la paz. Resultado  sorprendente en el país y en el exterior, seguido del lánguido entusiasmo en la opinión pública ante hechos históricos como el de la impactante entrega de las armas por el grupo guerrillero que firmó con convicción los acuerdos en La Habana. Apatía sobreviniente al proceso, que quisiéramos entender apenas como eminentemente coyuntural.

Para asimilar la idea, para algunos tan difícil, de que una situación de paz es mejor que la de conflicto armado, tendremos que acometer la inmensa tarea de despojarnos de los valores negativos que nos mantienen aferrados a la guerra y, mediante un audaz y nuevo modelo educativo descontaminado de dogmatismos e intolerancias supérstites, enquistados algunos desde la Colonia, podremos  reemplazar aquellos por otros valores tutelares que hagan deseable la paz y permitan arraigarla. Un modelo pedagógico que enseñe al niño, para que de adulto entienda y practique esa máxima constitucional, que la paz es derecho y deber de obligatorio cumplimiento.

Desde el Observatorio de Paz de la Universidad Libre registramos con interés  la celebración de importantes foros. Así, el reciente II Congreso Internacional de Ciencia y Educación para el Desarrollo y la Paz en la Universidad de Antioquia que dedicó algunas de sus juiciosas reflexiones a aquellos significativos temas, en el ánimo de influir en las respectivas Políticas Públicas.

Y es que en un país de protuberantes desigualdades, la educación libre en todos los niveles, por igual en campos y ciudades, sería la mejor herramienta  para reducir la brecha social. Así podrían contrarrestarse los feroces ataques contra los acuerdos de paz y sus instrumentos.

Exigencias rutinarias en las instituciones educativas no deben apartarlas del foco principal que les permita educar tempranamente para la reconciliación, particularmente en  función de las nuevas generaciones.

Educar con alta calidad y específicamente para la paz nos permitirá  a los colombianos la trasmutación de nuestras mentes para cambiar significativa y establemente nuestro entorno de pugnacidad irrefrenable. No podría entenderse de otra forma el grande y cuotidiano esfuerzo de educar.

*Director Observatorio de Paz Universidad Libre

Por: Jorge Gaviria Liévano

Quizás sea temprano para conocer la contundencia probatoria , fruto del seguimiento  que llevó a la   orden   del juez norteamericano para capturar, con fines de extradición a Estados Unidos, al señor Santrich y otros tres colombianos, en aplicación del tratado bilateral vigente. Permanecerán a órdenes de la  Fiscalía, hasta que los Estados Unidos formalicen la respectiva solicitud por los canales correspondientes.  

Casos como este, de antiguos combatientes que persistieran en “narcotraficar” después de la fecha límite establecida por los acuerdos, el 1º de diciembre de 2016, fueron presumiblemente avizorados por quienes los suscribieron. Se estableció que todo aquel que continuara en esa actividad, contemplada apenas hasta esa fecha como conexa con los delitos políticos perpetrados por los combatientes por causa o con ocasión del conflicto armado, quedaría sometido a la justicia ordinaria. No tienen mayor sentido entonces las  aseveraciones de quienes hablan con alarma de que se habrían violado   gravemente los acuerdos por parte el señor Santrich, antiguo guerrillero , negociador y signatario de esos instrumentos, y que toda la paz estaría en riesgo. Diríamos  que no se trata de una violación de los acuerdos. Sería apenas el despliegue de una conducta humana prevista en los mismos acuerdos, susceptible de ser juzgada por la justicia ordinaria.

El sonado episodio no sorprende mayormente y puede no ser el último que protagonice un miembro de la antigua guerrilla o de la fuerza pública. De reincidencia  sería la situación de Santrich en el supuesto de que el acervo probatorio le sea adverso. Perdería su curul en la Cámara de Representantes y algunos especulan con   el efecto de la silla vacía para el nuevo partido político.

Habrá de sujetarse Santrich a lo que las correspondientes jurisdicciones colombianas, con plena observancia del debido proceso, puedan llegar a  concluir. Ni él ni algunos miembros destacados del nuevo partido político, FARC,  podrían seguir hablando de “montajes judiciales” ni amenazar con el derrumbe inminente de los acuerdos de paz porque el gobierno  o la Fiscalía estarían violándolos, afirmaciones orientadas  quizás a disimular o negar la falta presuntamente cometida  por Santrich, que por lo pronto, sin embargo, se presume conducta exclusivamente individual y no de su partido.

Su caso será examinado  oportunamente por los cinco Magistrados de la Sección de Revisión de la JEP para establecer la fecha en que  Santrich habría “narcotraficado» y decidir si quedaría o no al margen del esquema especial de la justicia transicional. En la segunda hipótesis, la competencia para evaluar la procedencia de la extradición sería de nuestra Corte Suprema. A ella correspondería emitir el concepto respectivo y, finalmente, sobre esa base, si fuere favorable a la extradición, el Presidente de la República decidiría si a Santrich se lo extradita o no. Aunque ya el Jefe de Estado manifestó que lo haría sin vacilaciones en caso de que las pruebas en su contra resultaren concluyentes.

Vale la pena considerar la ventaja que representa para el país  el esquema de la paz, tal como está establecido. Sin él, en el evento de que la presunta conducta atribuida a Santrich resulte avalada por la justicia colombiana, el responsable no podría ser  enjuiciado ni  eventualmente sancionado o aún extraditado. La fuerza pública lo estuviera correteando sin éxito por montes y selvas,  como ocurrió por largos años de frenética búsqueda para su aniquilación y la de todos sus compañeros de lucha.

Los propios excombatientes, tanto los de la antigua guerrilla, como los de la fuerza pública y los demás que quieran acudir a la JEP, deberían aceptar sin reparos el beneficio  del esquema de justicia transicional pactado. Y tener absoluta confianza sobre la seguridad jurídica que para ellos se deriva de la constante vigorización de aquella  y la demostración de la absoluta autonomía de sus Magistrados.

Contrariamente a lo que algunos piensan, consideramos que el caso de Santrich, y su adecuada solución por la JEP , confirmará la inmensa fortaleza y no una supuesta debilidad de los acuerdos de paz y sus instituciones. De su independencia y seriedad dieron testimonio claro la Presidenta y varios de los Magistrados de la JEP ante el enorme  auditorio que atendió con provecho la jornada pedagógica el 9 de abril en la Universidad Libre. Del evento, que fue el primero  de esta naturaleza celebrado en una universidad colombiana, quedó claro que no será jamás  la JEP instrumento para fomentar impunidad sino para construir paz verdadera. Que no es,  como creemos nosotros, la del exterminio y el olvido sino la de la convivencia respetuosa y la memoria.

Por: Jorge Gaviria Liévano

En la mente vulnerable de muchos colombianos la paz es hoy un asunto contaminado  de comunismo, de terrorismo y hasta de “catrochavismo”. El tema se tornó sospechoso, como en Norteamérica hubiera podido acontecer en las mejores épocas del macartismo.

Recalcitrantes voces propagandísticas, al mejor estilo de Goebbels, han ido erosionando y distorsionando la idea de la paz y los instrumentos para desarrollarla.

Y sobre la JEP el trabajo para abortarla no fue menos amañado: es, según sus detractores, “plan mundial del comunismo y de venganzas para perseguir gentes de bien,  traicionar víctimas, discriminar fuerzas armadas, burladero para impunidad de antiguos guerrilleros de las FARC, cónclave de Magistrados con peligrosos sesgos izquierdistas”, y otros despropósitos semejantes.

Sin embargo y por fortuna, en muchos sectores nacionales de serena opinión o en el extranjero, tan dispuesto desde algunos países a ayudar a financiar la paz, se hacen esclarecidos esfuerzos para conjurar semejante inverosímil  paradoja en un país que está saliendo apenas del conflicto armado de décadas.

La JEP comienza con paso bien firme en sus escasos dos meses de funcionamiento. A todo vapor ya acordó su reglamento interno; le entregó al Presidente de la República un proyecto de ley ordinaria con 228 artículos de su procedimiento y se espera que sin dilaciones lo presente el Gobierno a la presente legislatura para aprobación. Se espera, así mismo, contar pronto con la Ley Estatutaria, que tan injustificadas demoras hasta el último minuto tuvo en el Congreso el año pasado, y que está aún en revisión por la Corte Constitucional.

El Secretario Ejecutivo recopiló y entregó en los últimos días a la Presidenta de la JEP un sustancioso informe con las actas de los compromisos de miles de personas  que, hasta ahora, han decidido acudir a este tipo de justicia: antiguos guerrilleros de las FARC; miembros de la Fuerza Pública y personas distintas que han pedido someterse a esa jurisdicción transicional. Espera, además, recibir prontamente los informes de la Fiscalía, la Procuraduría, la Justicia Penal Militar y las organizaciones de víctimas, fundamentales para que comience a organizar ese inmenso acervo como base para comparar su contenido con las versiones que ante ella se rindan.

Una de sus preocupaciones es la de adelantar una amplia labor de divulgación pedagógica sobre su naturaleza, composición y funcionamiento, tarea que ya está desplegando.

Precisamente la Universidad Libre, para apoyar ese loable empeño académico, a través de su Observatorio de Paz, efectuará un acto de alcance pedagógico el lunes 9 de abril a las 10 am, con la participación de Magistrados de la JEP y la presencia de directivos universitarios, profesores, estudiantes, egresados y numerosos amigos de esa casa de estudios.

Irá quedando aún más claro que la JEP se diseñó para la atención primordial de las víctimas y para asegurar la verdad,  justicia, reparación y garantías de no repetición. Por ello ese evento se celebrará el 9 de abril, día consagrado precisamente a las víctimas del conflicto armado, fecha que coincide con la desaparición violenta de una de los más ilustres Rectores de la Universidad Libre, el Doctor Jorge Eliécer Gaitán, inmolado también en la bárbara vorágine de nuestra secular violencia política.

Pese a las artimañas para dilatarla, la reciente aparición de esta justicia es notable hecho histórico, que no opaca ni siquiera el enrarecido ambiente electoral que se vive ahora. Se espera que la etapa postelectoral facilite progresivamente su trabajo. Con todo, el  modelo colombiano es paradigma mundial de justicia transicional e insustituible instrumento para la reconciliación nacional. No sería exagerado pensar  que la consolidación de la paz dependerá en buena medida del éxito de sus resultados en las dos décadas previstas como máximo para su operación.

Se espera que los primeros juicios y sentencias se produzcan dentro de algunos meses pero el trabajo previo es verdaderamente monumental y no será tan fácil llegar muy prontamente a esa etapa.

La JEP será sin duda, por todo lo anteriormente comentado, el corazón mismo y palpitante de la paz estable y duradera de Colombia

Por: Jorge Gaviria Liévano

No hay duda de que los tiempos no alcanzaron para que la paz arrancara a buen ritmo. En apuros frente a su implementación, pero con disímil pesadumbre, se han visto en los últimos meses al Gobierno, al Congreso y a la Corte Constitucional.

Algunas intensas polémicas en relación con la JEP, fundamental en la administración de la justicia transicional, la reparación a las víctimas y la participación política de  antiguos guerrilleros, hicieron que la paz casi naufragara en la vorágine electoral que se avecina. A último momento, se salvó y ya comienza a andar con paso seguro.

A muchos políticos convinieron las dilaciones deliberadas o accidentales; no así al nuevo partido político Farc, que ha venido reiterando su impaciencia. En el país, el ritmo lento ha desconcertado a todos y desanimado a algunos. La avalancha de las elecciones para renovar Senado y Cámara se atravesó con ímpetu y su inevitable estridencia, que no coincide siempre con el real entusiasmo ciudadano, también acalló el tema fundamental: la paz.

Las campañas, en general, se debaten a niveles bajísimos, que contrastan notablemente con la altura del supremo valor de la paz y por eso, quienes las adelantan, saben bien que ella no vende ni es popular en semejante mercado electoral.

Las campañas son, cada vez más, empresas unipersonales o familiares de inmensas, grandes o medianas inversiones. Semejantes desembolsos multimillonarios hay que redimirlos prontamente por todos los medios posibles y allí se abre la primera puerta al clientelismo y a la corrupción. No son ya campañas en las que se resuman la filosofía y propuestas de un partido político. En Colombia, los partidos dejaron de inspirarlas o de orientarlas. Tal vez, porque ellos mismos no tienen claridad ideológica, ni existen programas diferenciadores en casi ninguna colectividad.

Vendrán, bien pronto, las campañas por la Presidencia de la República; pero las posiciones de los candidatos frente al tema de la paz ya son tan conocidas por la inmensa mayoría, y tan polarizadoras en algunos casos, que exponerlas de nuevo sería caer en el abismo irreversible del desgaste y ninguno está interesado en semejante riesgo. Pero, contrario a lo que muchos temen, consideramos que a partir de agosto y cualquiera que sea el Presidente, sin importar el signo que lo distinga, se verá en la necesidad de implementar a buen ritmo la paz, pues ningún Gobierno arriesgará su prestigio desacelerando lo previsto en los Acuerdos ajustados del Teatro Colón y con las significativas modulaciones introducidas por la Corte Constitucional.

Nadie, que se entienda bien, “hará trizas los acuerdos” que, por lo demás, no conllevan finalmente cambios lo suficientemente drásticos como para combatir de forma efectiva la histórica inequidad de nuestra sociedad, aunque varios de sus puntos marquen orientaciones para aminorar los factores que históricamente han exacerbado nuestros grandes conflictos sociales, económicos y políticos.

No es previsible que se insista en retrotraer la situación a décadas anteriores, apelando a superadas visiones de exterminio que algunos celebraron cuando el país tenía la sensación de que la lucha armada ilegal lo estaba acorralando. Ya en el 2018 no hay fuerzas guerrilleras, salvo el grupo supérstite y tozudo del Eln, que exhibe un comportamiento terrorista a falta de ideario político claro y altruista. Persiste, igualmente, el narcotráfico y los grupos armados ilegales y de delincuencia común. A todos ellos les debe estar reservada la firme acción preventiva y represiva del Estado, salvo que el Eln se avenga prontamente a negociar con el Gobierno y por fin se comience un dialogo sistemático y duradero para acabar con su acción armada.

La corrupción,  fenómeno universal y muy antiguo en Colombia, se fue enquistando  y sin duda se catapultó desde los ochentas, cuando el narcotráfico internacional comenzó a extender aquí sus tentáculos. Enredó a muchos políticos, a funcionarios públicos, a  jueces, a  empresarios, a  fuerzas armadas y, desde luego, a los grupos ilegales alzados en armas. En forma irreversible en muchos casos. Y desangró al país. Una tragedia nacional que aún vivimos. La institucionalidad ha sido una clara damnificada de semejante embestida.

Removido ya el espectro del conflicto armado con las Farc, la corrupción lo reemplazó en la atención ciudadana. Será necesario que, sin bajar la guardia frente  a la lucha contra este flagelo, la etapa postelectoral permita que la paz ocupe lugar prioritario en la opinión pública y en la acción oficial,  y que se comience a entender la implementación de los Acuerdos como una Política de Estado y no de un particular Gobierno.

Desde el Observatorio de Paz de la Universidad Libre mantenemos el optimismo de que la paz está por el momento aplazada pero no vencida y ya estamos investigando para contribuir a que en Colombia diseñemos entre todos una educación específica que algún día sea Política Pública y enseñe a entender la paz como nuestra única forma viable de vida.

*Director del Observatorio de Paz de la Universidad Libre