Tomado de El Espectador Colombia+20. Columna Kenneth Burbano, decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Libre Seccional Bogotá. 7 de septiembre de 2025.
El pasado 24 de noviembre el Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera, suscrito entre las FARC-EP y el Gobierno de Colombia cumplió ocho años; el transcurso del tiempo, permite hacer una reflexión sobre su desarrollo. Lo normativo y la organización de la Jurisdicción Especial para la Paz estuvo a cargo del presidente Juan Manuel Santos, dejando su continuidad a cargo de los gobiernos venideros.
Desde su campaña y bajo su presidencia, Iván Duque, se opuso a dar cumplimiento a lo pactado; consecuente con su posición de no continuidad, notoria en su política “Paz con legalidad” creó mecanismos que no desarrollaban el contenido de lo pactado; en otras palabras, diseñó un marco alterno que presentó como política de cumplimiento de Paz. Esto generó una serie de obstáculos al Acuerdo Final, produciendo, entre otros, resultados negativos como el recrudecimiento de la guerra, terminando el 2022 como el año con mayor número de asesinatos de líderes y defensores de derechos humanos. Sin referirse específicamente a este periodo, la Comisión de la Verdad en el informe “Hay futuro si hay verdad” recomendó continuar con la implementación del Acuerdo con las FARC y abrir otros procesos de negociación con los demás actores del conflicto armado.
Con la elección del presidente Petro, aparentemente se renovó la esperanza de continuidad y cumplimiento de lo pactado. Así se advirtió en el evento de la rendición del informe por parte de la Comisión de la Verdad, el elegido presidente, que para la fecha aún no se había posesionado, expuso en el Teatro Colón su respaldo a las políticas del Acuerdo Final. Las recomendaciones de la Comisión relativas a la construcción de paz como proyecto nacional, la reparación efectiva de las víctimas, la ampliación de espacios políticos y de participación, la lucha contra el narcotráfico, la construcción de una paz territorial y una cultura para la paz, estaban muy cercanas a su programa de gobierno.
Sin embargo, aunque políticamente hubo un fuerte respaldo y luego de siete años de firmado el acuerdo, la Fundación Ideas para la Paz, en el informe ¿hacia dónde va el Acuerdo de Paz? prendió las alarmas transcurrido el primer año del gobierno Petro; allí encontró que había una baja ejecución de recursos de entidades públicas importantes en el marco de la Paz, como por ejemplo en la Agencia Nacional de Tierras y un incremento de 81.8% del secuestro, en comparación con el año 2022.
Aun cuando en el actual gobierno se cuenta con un aumento progresivo del acceso a la tierra; también es cierto que se registra con desazón la existencia de barreras para los campesinos y una falta de priorización en los territorios afectados por el conflicto armado; este panorama no ha cambiado entre 2023 y 2025. Con la misma preocupación se conocen las cifras de asesinatos de líderes sociales y de firmantes del Acuerdo de Paz, a lo que se suma las críticas del presidente Petro a la JEP respecto al tratamiento jurídico de la participación de los “terceros” ante dicha instancia judicial.
Los últimos gobiernos encargados de implementar y consolidar el Acuerdo Final no han logrado atender esta obligación, ya sea porque no lo consideraron como una política de Estado, o porque encontraron diversas barreras para su implementación, como la falta de presupuesto o la inactividad estatal. Esto ocurre, entre otros aspectos, porque el Acuerdo Final se sigue considerando como un asunto de política de gobierno supeditado al mandatario de turno, dejando de lado la paz como un derecho y un deber de obligatorio cumplimiento y su búsqueda como cimiento de la convivencia pacífica.
Recientemente se ha debatido sobre un proyecto de referendo para derogar el Acuerdo Final. Más allá de que es abiertamente improcedente, pues el Acuerdo no es una norma jurídica, tampoco se sabe que es lo que se quiere derogar dentro del complejo sistema normativo que lo integra. Se insiste en imponer barreras para su cumplimiento, lo que se agrava aún más por el hecho de que tampoco se presenta otra propuesta de paz. Paradójicamente, en un país que padece hace décadas el rigor del conflicto armado y las hostilidades, representantes y dirigentes políticos piden una salida militar, olvidando que estas acciones conllevan masivas violaciones a los derechos humanos de la población civil.
El Acuerdo Final de Paz, es una sumatoria de voluntades, que desde las diferencias políticas y las concepciones disimiles de la sociedad y de la vida misma le apostó a la reconciliación. Una de las formas de crear aceptación y credibilidad en el Estado y sus gobernantes es cumplir con lo pactado; de lo contrario, los demás procesos de diálogo, negociación, acuerdos, así como los acercamientos para buscar el sometimiento a la justicia estarán condicionados por el engaño y la desconfianza.
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