Tomado de Legis Ámbito Jurídico. Opinión por Kenneth Burbano Villamarín, decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Libre Seccional Bogotá. 6 de julio de 2026.
La Constitución de 1991 cumple 35 años de vigencia. Más que un conjunto de normas de máxima jerarquía, representa el principal pacto político y social de la historia contemporánea de Colombia. Su fortaleza ha resistido conflictos armados, crisis institucionales, tensiones entre poderes públicos, gobiernos autoritarios, polarización y los intentos de reformarla violando su propio mandato. Pese a ello, sus principios esenciales permanecen intactos, confirmando la solidez del Estado social de derecho concebido por el constituyente primario.
Nació de un amplio ejercicio de participación ciudadana y de la necesidad de superar la violencia política del siglo XX. Aunque no todos los sectores estuvieron plenamente representados, la nueva Carta Política significó un cambio de paradigma que privilegió la relación entre el Estado y los ciudadanos. Transformó el Estado de derecho —marcado por el culto a la ley y a los detentadores del poder— en un Estado social de derecho que sitúa en el centro la dignidad humana, la prevalencia de los derechos fundamentales, la igualdad material, el pluralismo y la solidaridad; dejó de ser únicamente una norma de organización del poder para convertirse en un instrumento de protección efectiva.
Redefinió la soberanía al radicarla exclusivamente en el pueblo, consolidando la democracia participativa y ampliando la intervención ciudadana. La participación dejó de limitarse al voto para garantizar el derecho a incidir en las decisiones públicas, ejercer control político y contribuir a la construcción del orden democrático.
Es la gran Carta de los derechos y las libertades, urdida con deberes y obligaciones. Ha permitido el desarrollo progresivo de los derechos humanos y la protección de grupos históricamente marginados, lo que evidencia su capacidad transformadora. Dispuso la creación de acciones constitucionales tan trascendentales y determinantes para la vida de las personas como la tutela, las acciones populares y de cumplimiento. Uno de sus mayores legados es el desarrollo institucional: la creación de la Corte Constitucional, la Defensoría del Pueblo y la Fiscalía General de la Nación, entre otros organismos, para materializar la protección de los derechos y el equilibrio de poderes.
La Constitución no ha permanecido inmóvil. Sus numerosas reformas demuestran que fue diseñada con vocación de permanencia, pero abierta a los cambios sociales y a las nuevas instituciones. Mientras algunas reformas fueron acertadas, otras generaron controversias, como la reelección presidencial, posteriormente eliminada por el constituyente derivado. Un ejemplo notable de adaptabilidad es la implementación del Acuerdo Final de Paz de 2016, que incorporó la justicia transicional y los derechos de las víctimas, ratificándola como el principal instrumento para resolver conflictos en democracia.
Persisten importantes desafíos. La reforma agraria, la reducción de la pobreza, la desigualdad, la garantía de derechos sociales, la crisis ambiental, la inteligencia artificial y la desbordada desinformación demandan respuestas eficaces. La Constitución ofrece las herramientas para afrontarlos, siempre que las autoridades actúen con responsabilidad y respeten la separación de poderes.
La experiencia demuestra que la Carta establece mecanismos claros para su reforma: el acto legislativo, la asamblea constituyente y el referendo. Toda modificación debe respetar la supremacía constitucional, el principio democrático y los límites de su identidad. Convocar a los ciudadanos para que ejerciten los mecanismos de participación o de reforma constitucional es legal y legítimo; pero propiciar estos ejercicios por retaliación política, sin que haya claridad sobre lo que se quiere y violando los preceptos constitucionales, es antidemocrático y peligroso.
También es oportuno revisar el diseño institucional. Hay que debatir el sistema de elección de altos funcionarios para asegurar su independencia y reducir el influjo del hiperpresidencialismo. Urge impedir que las instituciones sean politizadas o capturadas por los tentáculos de las influencias y los favores, especialmente en las altas cortes, la fiscalía y los organismos de control, pues esto debilita la legitimidad y erosiona la Carta. Conviene impulsar reformas que modernicen la administración pública y mejoren la coordinación entre poderes sin afectar los contrapesos.
Tres asuntos hacen parte de su esencia. Primero, la búsqueda de la paz y la protección de los sectores más vulnerables; esto no depende de la voluntad del presidente de turno, sino del cumplimiento de un mandato constitucional inexcusable. Segundo, el respeto por los jueces y sus decisiones, incluida la justicia transicional; la eliminación de sus funciones, los ataques y la descalificación, cuando provienen de las autoridades, vulneran la independencia y autonomía judicial. Tercero, las elecciones populares, sus mecanismos y controles están claramente definidos en este ordenamiento superior; desconocerlos atenta contra la democracia representativa.
Treinta y cinco años después, la Constitución de 1991 continúa siendo el gran acuerdo que redefinió al Estado colombiano. Defenderla no significa oponerse a sus reformas, sino exigir que estas preserven el Estado social de derecho, amplíen las libertades y consoliden la democracia. Honrar su vigencia es desarrollar sus principios, respetar sus procedimientos y garantizar que siga siendo el fundamento de la convivencia democrática y la transformación política del país.
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