Los derechos territoriales de los pueblos indígenas han sido objeto de una lucha histórica que las comunidades han librado, resistiendo en sus territorios y exigiendo al Estado el reconocimiento, respeto y garantía de los mismos. Entre los avances más significativos se ha logrado el reconocimiento al derecho de propiedad colectiva sobre los territorios poseídos y ocupados ancestralmente. Sin embargo, hoy estamos ante una crisis generalizada de incumplimiento de este derecho que expone a las comunidades al despojo, destierro y por esa vía al riesgo de extinción física y cultural. La institucionalidad agraria del Estado colombiano no está atendiendo las demandas territoriales indígenas, y dilata en el tiempo la respuesta de manera irrazonable, con interpretaciones lesivas y restrictivas a los derechos de los pueblos y la creación de más y nuevos trámites que obstruyen este derecho.
El desconocimiento del derecho al territorio de los pueblos indígenas implica una agresión a todos sus derechos por la relación estrecha que tiene la vida en sí misma de las comunidades con el territorio, con la madre tierra. Negar el reconocimiento del territorio ancestral indígena sin garantizar la seguridad jurídica de sus territorios, mientras se incentivan e impulsan agendas de desarrollo en sus territorios, como la minería, la explotación de hidrocarburos y la construcción de megaobras de infraestructura constituye un riesgo alto de despojo territorial. Esto ocurre a la vez que aumentan los asesinatos, atentados y desplazamientos forzados entre otras graves violaciones de derechos humanos contra miembros de las comunidades, autoridades y miembros de la guardia indígena como consecuencia de la reconfiguración de las dinámicas de violencia política en los territorios indígenas.
El presente foro quiere presentar un análisis del estado actual de incumplimiento del Estado frente a los derechos territoriales de los pueblos, con el ánimo de alertar a las autoridades públicas, órganos de control, Ministerio Público, organismos internacionales de derechos humanos, comunidad en general y organizaciones indígenas sobre esta situación ya que nos encontramos ante un Estado de Cosas Inconstitucional-ECI de los derechos territoriales indígenas, ante la necesidad de implementar políticas, reformas normativas, proyectos de inversión y planes de trabajo que superen de manera estructural la negligencia institucional del Estado colombiano en esta materia.
